“Nueva carga” para contadores

La disposición de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que obliga a los contribuyentes a informar sobre pagos o cobros a partir de G. 50 millones es una nueva carga pública para los profesionales del ramo, reclama el Colegio de Contadores.

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“En realidad, nos sorprende este decreto porque, además de la carga pública que tienen los contadores, nosotros estamos con mucho trabajo, estamos cerrando nuestros estados contables, actualmente nos dan una nueva obligatoriedad, tenemos que informar las facturas anuladas, además de esta nueva disposición de informar sobre las transacciones a partir de G. 50 millones”, reclamó Alba Talavera, del Colegio de Contadores.

“Vos contribuyente y yo, Alba Talavera (contadora), tenemos que informar (sobre las transacciones), es decir, es una carga pública, y si no se informa, hay una contravención que, además, no se dice el monto. A los millones de multas que están sobre nuestras espaldas, ¿y estas multas, ¿para qué se destinan? Pero realmente a nosotros nos molesta como contadores; es que es una nueva carga pública”, remarcó.

Siempre la adhesión de nuevas multas es sospechosa, ya que la ministra Marta González y los funcionarios de la SET cobran millonarios sobresueldos por un porcentaje de las multas recaudadas.

Talavera entiende que el objetivo sería saber por qué se mueven esas sumas de dinero fuera del circuito bancario. Sin embargo, para lograrlo, se expone al contribuyente a que se viole su derecho al secreto financiero, sumado a que la SET tiene herramientas para averiguar esos datos.

“¡Acordate que esto va a parar a funcionarios de la administración tributaria, lo que afecta a ciertos controles; se pierde la confidencialidad. Aparte, con esto lo que quieren hacer es generalizar los controles de todos los contribuyentes, porque si quieren controlar, ellos tienen nuestros estados financieros. Acuérdense que estamos en el sistema que se denomina Hechauka”, en el que están todos esos datos, afirmó.

La referente del Colegio de Contadores, además, insistió en que, en todo caso, tendrían que ser los bancos los obligados a declarar a través de una disposición del Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Bancos, o, en todo caso, también está la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) para realizar los controles.

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