Los obispos condenaron en un comunicado el “uso desproporcionado de las fuerzas públicas para destruir los cultivos y las viviendas de los campesinos”, y destacaron que la propiedad de las tierras donde se encontraba el asentamiento está en litigio, y su titularidad “no estaría suficientemente aclarada y comprobada”.
La CEP agregó que estos hechos evidencian “la necesidad de encarar con seriedad y urgencia una reforma agraria integral, que permita el arraigo de las familias campesinas en sus tierras”.
Recordaron además a las autoridades su obligación de ajustarse a los mandatos de la Constitución, respetar los derechos humanos, salvaguardar la dignidad de las personas y brindar las garantías necesarias a los más débiles.
El asentamiento campesino de Guahory, en el departamento de Caaguazú, fue desalojado la pasada semana por un contingente de más de mil policías que destruyeron casas y cultivos y sometieron a tratos crueles, inhumanos o degradantes a sus pobladores, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
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Los policías que intervinieron fueron acusados de haber percibido sobornos de los colonos brasileños de la zona para realizar el desalojo, mientras que varios senadores de partidos opositores al Gobierno pidieron que se investigue a todas las autoridades implicadas en el desalojo, incluyendo a los agentes.
Un total de 43 comunidades campesinas fueron víctimas de violencia procedente de las fuerzas de seguridad, y unos 460 campesinos resultaron imputados en diferentes conflictos por la titularidad de las tierras o contra la fumigación con agroquímicos entre 2013 y 2015, según un estudio presentado este martes por la organización Base IS.
Según la ONG Oxfam, Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierras del mundo, donde menos del 3% de la población es dueña de cerca del 85% de la tierra.