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La Cancillería dijo en un comunicado que la Fiscalía y el Poder Judicial de Paraguay “garantizan una investigación imparcial e independiente” de los sucesos de Curuguaty, “observándose todas las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio”.
Aseguró, además, que Paraguay ha ofrecido al Comité cualquier información que requiera sobre el caso y añadió que “si necesario fuere, la invitación abierta y permanente a los mecanismos de supervisión está vigente, siendo esta una opción para verificar in situ lo alegado por el Estado”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, “no juzga ni emite sentencias contra los Estados” sino que sólo emite “recomendaciones”, como las que hizo a Paraguay en su informe del pasado 28 de marzo, recordó la Cancillería.
El Comité expresó en el informe su preocupación por las denuncias de “importantes irregularidades” en el accionar de los órganos jurídicos paraguayos en el caso de la matanza registrada en una hacienda de Curuguaty, el pasado 15 de junio.
Ese día, once campesinos y seis policías murieron en un tiroteo durante una operación policial de desalojo de unas tierras disputadas entre el Estado y un rico empresario paraguayo.
Catorce campesinos han sido imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble, en un proceso que está por comenzar en tribunales.
El Comité de la ONU observó que el Estado paraguayo “debe asegurar la investigación inmediata e imparcial” de aquellas muertes, así como de otros hechos denunciados por las víctimas, “en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso”.
La defensa reclamó, sin éxito, que la Fiscalía abriera esas líneas de investigación de los hechos.
En su informe, el Comité con sede en Ginebra se pronunció también sobre el juicio político en el Legislativo en el que Lugo fue destituido, una semana después de los sucesos de Curuguaty.
El Comité expresó al respecto su preocupación por “las modalidades del proceso de destitución”, y en particular los plazos concedidos a Lugo para preparar y presentar su defensa, en un proceso que se completó en apenas 30 horas.
Además sugirió una “reglamentación” del artículo de la Constitución paraguaya que recoge la figura del juicio político para “garantizar que el proceso de destitución siempre se lleve a cabo con plena conformidad con los principios básicos del debido proceso” y los principios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantes del funcionamiento de una democracia.
La Cancillería replicó que el juicio a Lugo se ajustó a la Constitución paraguaya, que el entonces presidente “se sometió” a él y que “por mayoría absoluta fue depuesto y públicamente aceptó el veredicto” del Legislativo.
No obstante, “el Gobierno toma nota de que algunos expertos del Comité tienen sus reparos sobre las modalidades del juicio político”, dijo la Cancillería, y agregó que “no existe impedimento alguno para estudiar esta preocupación” en el ámbito del Poder Legislativo.
El Ministerio de Exteriores aseguró que observará el plazo de un año concedido por el Comité para dar la “información pertinente” sobre las recomendaciones del pasado 28 de marzo.
El actual Gobierno paraguayo será relevado el próximo mes de agosto por el que surja de las elecciones del próximo 21 de abril.