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Otros temas destacados durante el escrutinio a Paraguay fueron la despenalización del aborto, los abusos a menores de edad, la discriminación hacia los homosexuales y los asesinatos de periodistas.
El EPU es una evaluación sobre el cumplimiento de las leyes fundamentales al que deben someterse todos los países miembros de la ONU, al que Paraguay se somete por segunda vez. Muchos de los países que han intervenido felicitaron a Asunción por los avances conseguidos desde el primer examen, en 2011, especialmente en lo que se refiere a la reducción de la pobreza, si bien la gran mayoría cuestionaron el escaso progreso conseguido en diversos ámbitos.
El aspecto más criticado, al ser citado por más de una veintena de delegaciones, fue el de la persistencia de altos índices de violencia física y sexual contra las mujeres y el hecho de que en muchas ocasiones esos abusos acaben en un embarazo que no puede ser interrumpido. Australia, Austria, Bélgica y Suecia hablaron específicamente sobre el aborto y sobre el hecho de que ni tan siquiera se pueda interrumpir un embarazo tras una violación, la malformación del feto o riesgo para la vida de la madre.
Otros países como Grecia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, Eslovenia, Holanda, España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos denunciaron más ampliamente la violencia contra las mujeres, que en muchos casos los abusos queden impunes y que haya una extendida discriminación de las féminas. Ante estas denuncias, la delegación paraguaya -encabezada por el viceministro de Exteriores, Óscar Cabello Sarubbi- respondió diciendo que se está tramitando un proyecto de ley de prohibición integral de la violencia contra la mujer que será debatido en el Parlamento en el primer semestre de 2016.
Muchas de las críticas hablaron específicamente de los abusos sexuales a menores y del elevado número de embarazos adolescentes sea por relaciones consentidas o no. La delegación paraguaya indicó que en los planes educativos nacionales se incluye la educación sexual y reproductiva, pero señaló que la mejor manera de evitar un embarazo es retrasando el inicio de la actividad sexual.
Con respecto a los abusos de menores en general, y específicamente sobre el trabajo infantil, los representantes gubernamentales respondieron que en Paraguay se prohíbe trabajar a los menores de 14 años, pero que, como hay conciencia de que el problema persiste, se está elaborando una estrategia hasta 2020 para acabar con la práctica. Asimismo, la delegación indicó que existen políticas públicas específicas para luchar contra la trata de personas y el turismo sexual, especialmente el infantil.
Por otra parte, muchos países recriminaron a Paraguay que no haya aprobado una legislación contra la discriminación basada en la tendencia sexual, a pesar de las amplias demandas de la sociedad civil. Finalmente, una decena de naciones se refirieron a la libertad de expresión y al alto número de periodistas asesinados y solicitaron una actuación rápida y efectiva del Ejecutivo paraguayo.
La delegación gubernamental respondió que se está elaborando un proyecto de ley sobre libertad de expresión en el que se incluirá un apartado específico sobre la seguridad de los periodistas. Según el Sindicato de Periodistas de Paraguay, 17 reporteros han sido asesinados en el país desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989.