Opaci, una caja de misterios

La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) fue creada en 1964 como una oficina pública dependiente del Poder Ejecutivo. En 1997, tras la modificación de su carta orgánica se transformó en una organización no gubernamental (ONG). Sin embargo, la entidad nunca abandonó la recaudación de fondos públicos.

La asociación “sin fines de lucro” usa el desfasado Decreto 1216/93 para cobrar compulsivamente a cada contribuyente vía comunas G. 20.000 por la expedición o renovación de licencias de conducir. Incluso aseguran que la operación está autorizada por el Ministerio de Hacienda.

Mediante este despojo a los contribuyentes Opaci recaudó en 2015, unos G. 17.000 millones. Ese monto es cuatro veces más del dinero que recibe del Estado cualquier otra ONG. A pesar de ello, nunca fue sometida a análisis alguno por parte de los organismos de control estatales.

La Opaci es manejada desde hace años por el clan Núñez, la familia de políticos colorados cercanos al entorno del presidente de la República, Horacio Cartes, oriunda del departamento de Villa Hayes y sobre la que pesan numerosas acusaciones de corrupción y supuesto desvío de fondos tanto de la municipalidad de esa ciudad como de la gobernación del departamento de Presidente Hayes.

Ricardo Núñez era hasta el jueves el titular eterno de esa entidad, eso incluso a pesar que desde hace tiempo dejó de ocupar el cargo de intendente, un requisito fundamental para pertenecer a la ONG que terminó siendo removida para permitirle continuar en el cargo.

Luego de las publicaciones periodísticas en las que se cuestionaban la falta de transparencia en el manejo del dinero público que recibía la Opaci y tras el anuncio de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República, Núñez decidió pedir permiso al cargo y apartarse de manera provisoria. En su reemplazo asumió de manera interina la vicepresidenta de la ONG, María del Carmen Benítez, intendenta colorada de Ybycuí, también muy cercana al primer anillo del presidente de la República.

Benítez, quien ya lleva varios períodos al frente de la comuna de la ciudad conocida como la cuna del coloradismo por ser la ciudad natal de uno de los fundadores de la ANR como es Bernardino Caballero, había reconocido ya en época de campaña electoral que en el presente período no completaría su mandato pues aspiraba a ser gobernadora a partir de 2018.

La mujer es de la misma línea política que su antecesor en el cargo, por lo que resulta difícil creer que realmente puedan existir grandes cambios dentro de la ONG, a pesar de las muchas promesas de transparencia que realizó. En conversación con el programa Latitud 25 de ABC Cardinal, Benítez había anunciado su primera medida, de carácter urgente: reducir en un 50% las tarifas que cobra la Opaci por renovación de permisos de conducir (de G. 20.000 pasaron a G. 10.000).

Sin embargo, no tuvo problemas en dejar entrever su cercanía con Núñez, cuya gestión calificó de “buena”, incluso a pesar de los muchos cuestionamientos que existen sobre la misma.

La Opaci aparte de realizar cobros compulsivos de G. 20.000 por licencias de conducir a cada contribuyente, provee también a comunas equipos e insumos a precios muy superiores al mercado. Por ejemplo, la tarjeta de plástico vende a G. 4.000 cada una y su valor oscila entre G. 1.200 y G. 1.500.

Cansados de los abusos de la Opaci, varios intendentes -principalmente de partidos opositores- analizan la posibilidad de renunciar a la organización. De hecho, el viernes los jefes comunales liberales del departamento de Cordillera realizarán una reunión en la que decidirán si abandonan o no la ONG.