Los agremiados a la Asociación de Cableoperadores del Paraguay (ACIP) aseguran que ciertas políticas de la firma Tigo, dependiente de la multinacional Millicom, ponen en serios riesgos a los pequeños operadores del interior del país, ya que ha ido ganando terreno supuestamente aprovechando algunas concesiones del ente regulador, en este caso la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
El ingeniero Guido Sosa, nucleado al gremio en cuestión, señaló a ABC Color que la influencia de la multinacional ha servido para la supuesta obtención de sendos beneficios a través de la Conatel, con los que pretende extender su monopolio hacia el interior del país, en detrimento de los pequeños operadores del servicio.
El cableoperador precisó que entre las ventajas supuestamente obtenidas por Tigo figura la recepción de un millonario subsidio del Fondo de Servicios Universales, “bajo el alegato de que iban a proveer servicio de telefonía e internet para comunidades rurales; sin embargo, comenzaron a llenar de equipos de TV cable en zonas urbanas y no rurales”. dijo.
Según Sosa, las instalaciones a las que hace mención se efectuaron en los departamentos de Itapúa, Cordillera y Alto Paraná, sin licencia de Conatel, mientras que los cableoperadores afirman no haber recibido ayuda alguna a través del Fondo de Servicios Universales.
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Para el empresario, la propia Conatel favorece a la inequidad, privilegiando a una compañía que actualmente ostenta más del 50% del mercado de la televisión por cable, en el área metropolitana y aparentemente apunta a expandirse hacia el interior, “expandiendo aún más su posición de empresa dominante”, criticó.
Sosa señaló que esta inquietud fue transmitida a miembros de la Cámara de Senadores, de Diputados, al vicepresidente Juan Afara y a la propia presidenta de Conatel, la ingeniera Mirian Teresita Palacios, a quien solicitaron detener el otorgamiento de licencias hasta tanto se resuelvan las asimetrías en el mercado, pero hasta el momento la directiva no les dio una respuesta concreta al reclamo. ABC Color intentó obtener la versión de la mencionada funcionaria directiva, pero ni los mensajes ni las llamadas fueron respondidos en el número de teléfono con terminación (300).
Desde la redacción se contactó de igual manera con voces autorizadas de la empresa Tigo, a fin de conocer su descargo sobre los hechos a los que se hace mención. En ese sentido, accedimos a la mediación del Departamento de Comunicación, que a su vez delegó las consultas a Raúl Ibáñez, director de Relaciones Institucionales, por medio de correos electrónicos. Poco después, ante los requerimientos, recibimos la comunicación por medio de un mensaje de texto de que la empresa “opta por no emitir declaraciones al respecto”.