La sentencia definitiva N° 10/17 establece que “en el plazo de 24 horas de recibido el oficio de comunicación, la Policía Nacional debe abstenerse de impedir y obstaculizar las labores de cosecha a ser realizada por la firma Sienna SA”.
La magistrada Cabrera Paredes menciona el informe del juzgado de paz de Mayor Otaño donde consta que “la inspección judicial desarrollada por el juez comisionado permite advertir a esta magistratura que existen circunstancias que no provienen del dueño, quien se encuentra impedido por fuerzas extrañas a proceder a levantar las cosechas”.
El calificativo de “fuerzas extrañas” guarda relación con un contingente policial instalado en propiedades privadas en la compañía Yaku'i Guazú, sin orden judicial.
Los efectivos policiales, alegando una "orden superior" llevan un mes impidiendo la cosecha de granos a un grupo de propietarios, entre ellos la firma Sienna SA.
La “orden superior” es responsabilidad del comandante Críspulo Sotelo, quien envió una fuerza de 60 agentes, 30 antimotines y 15 patrulleras para evitar que los granos sean levantados. El mando operativo es responsabilidad del comisario Fidel Godoy, jefe de orden y seguridad de Itapúa.
La desmedida fuerza policial guarda relación con un litigio judicial entre un grupo de colonos y la firma Agro Silo Santa Catalina SA, cuyo presidente es Lucas Marini Favero. El caso involucra al senador cartista Oscar González Daher.
El Grupo Favero reclama el pago de millonarias hipotecas a los colonos pero se niega a entregar los extractos de cuentas para que tengan conocimiento del origen de las supuestas deudas.
Entre los afectados por la supuesta estafa se encuentra Marino Raiter, colono oriundo del Brasil que lleva 40 años viviendo en nuestro país, con hijos y nietos paraguayos. Marino Raiter y su esposa sostienen que sus respectivas firmas fueron falsificadas y así se montaron hipotecas que suman 23 millones de dólares.
Los Raiter presentaron denuncia ante el Ministerio Público involucrando a las escribanas Nélida Chávez y María Teresa Rodríguez en el supuesto delito de falsificación, en beneficio del Grupo Favero. Nélida Chávez es la esposa de Oscar González Daher.
En procura de guardar distancia, el Grupo Favero reconoce que existe una denuncia de falsificación de hipotecas pero alega que "ese es problema judicial entre las escribanas y los propietarios".
Lucas Marini Favero intenta ocultar que Agro Silo Santa Catalina SA es la beneficiada con documentos falsos y que buscan cobrar dichas hipotecas; sí existió falsificación, y el Grupo Favero como mínimo es responsable del delito de complicidad.
La orden de la jueza de María Auxiliadora dispone que la Policía Nacional tiene 24 horas para retirarse del lugar y tiene prohibido impedir “las labores de cosecha a ser realizadas por la firma Sienna SA”.