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Otorgan suspensión a "planillera" de TSJE

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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El juez Hugo Sosa Pasmor otorgó la suspensión condicional de procedimiento a Zully Jacqueline Ferreira Cañete, imputada por ser una de las "planilleras" del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), desde el 2011.

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Este miércoles, el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor hizo lugar al pedido de la defensa de la imputada Zully Jacqueline Ferreira Cañete, en el marco de la causa "Clara Haydee Silveira Arza y otros sobre cobro indebido de honorarios" del año 2015.

La escribana había sido una de las de las planilleras del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que percibía un salario de G. 6.000.000 sin presentarse a su lugar de trabajo.

La defensa técnica planteó que la acusada sea beneficiada con la suspensión condicional de procedimiento, pues admite el hecho que se le atribuye y ofreció pagar la suma de G. 120 millones en concepto de devolución por el dinero, para la construcción de aulas en la escuela José Antonio Ibarra Ríos de Caazapá. La defensa expresó que su clienta tiene la intención de reparar el daño y retablecer la paz social.

Tanto el juez como la Fiscalía se allanaron al pedido, y le fue otorgado el plazo de un año de suspensión condicional. La defensa propuso que sea el director de la escuela caazapeña quien informe al Juzgado de los avances de las obras que serán pagadas por la imputada. Además, la defensa planteó como atenuante que si bien la escribana no se encontraba en la Justicia Electoral en su horario de trabajo, realizaba trabajos en su oficina particular a favor del TSJE, por lo que pidió que se tengan en cuenta estos hechos y se acepte el pago que la imputada ofrece en concepto de devolución "por el supuesto cobro indebido que se le atribuye".

A Ferreira le fueron impuestas ciertas normas de conducta que deberá seguir durante el plazo de un año, entre las que destacan:

-La obligación de residir en un domicilio denunciado previamente, debiendo comunicar cualquier tipo de cambio al Juzgado.

-La obligación de comparecer ante el Juzgado cada tres meses para firmar el cuaderno de comparecencia.

-La obligación de devolver los G. 120 millones acordados.

-La obligación de informar al Juzgado de su salida y vuelta al país.

Así mismo, le fue establecido un año de prueba. Si durante ese tiempo incumple algunas de las condiciones mencionadas, se revocará la supensión y el procedimiento seguirá su curso. Se ordenó además el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre la imputada.

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