Tras la presión ciudadana contra el proyecto de ley de pérdida de investidura, que incluía a la Justicia Electoral como órgano que defina la expulsión o no de un legislador, los diputados trataron otra propuesta.

Se aprobó que sean los legisladores quienes expulsen a sus pares, sin inmiscuir en el proceso a otra institución ni que exista sentencia judicial firme y ejecutoriada como elemento para iniciar el proceso de pérdida de investidura.

Sin embargo el proyecto en borrador establecía que para expulsar a un legislador se requiera mayoría simple, lo cual se elevó a mayoría absoluta. En caso de Diputados se requerirán 41 votos mínimos y en Senado, 23.

Para iniciar el proceso de pérdida de investidura se requerirá de una nota con la firma de la quinta parte de los legisladores que componen la cámara respectiva. Luego, en ocho días de recibir este pedido, el presidente de la misma deberá llamar a una sesión extraordinaria para que se presente acusación contra el parlamentario y, a la vez, para que este se defienda por sí mismo o con abogado.

La definición si el parlamentario será expulsado o no se hará en la misma sesión extra con la mayoría absoluta de los votos.

Tras la aprobación de este proyecto el mismo fue enviado a la Cámara de Senadores para su estudio.