El MNP presentó este miércoles los resultados del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015, una encuesta realizada a un total de 785 mujeres, que representan el 96,5% del total de reclusas en el país.
El organismo recordó que, de las nueve penitenciarías que albergan mujeres en todo el país, solo dos son específicamente femeninas: la Casa del Buen Pastor, en Asunción, y el penal Juana María de Lara, de Ciudad del Este, la segunda urbe del país.
En el resto de casos, las mujeres ocupan pabellones separados de los varones en penitenciarías mixtas, y en algunas de ellas se ubican en las zonas que debían estar destinadas a las salas de internación del hospital penitenciario, y que hoy no existen.
El MNP verificó un aumento de la población penitenciaria femenina entre 2000 y 2010, cuando la cifra de mujeres privadas de su libertad se multiplicó por cuatro, mientras que entre 2010 y 2015, la tasa aumentó 175 %, y hoy las mujeres representan el 6,7 % del total de personas privadas de libertad.
El ente alertó de que tres de cada cuatro mujeres privadas de su libertad, el 74%, no contaban con una condena en el momento de ser encuestadas, un hecho que demuestra “el preocupante abuso de la prisión preventiva como un instrumento de seguridad y de control interno”.
Este abuso de la prisión preventiva desprecia, según el MNP, “el derecho de las personas a ser juzgadas sin demora”, o puestas en libertad si no se produce el juicio.
Pero el 66 % de las mujeres privadas de libertad expresó que se había producido alguna suspensión de audiencia a lo largo de su proceso judicial, lo que produce, según el documento, “dilaciones indebidas” que generan “altas tasas de presos sin condena” y una prolongada duración de la prisión preventiva, con un promedio de 15 meses.
Además, el 86% de las mujeres internas en penitenciarías declaró que el juez que ordenó su prisión no dispuso medidas de abrigo o guarda para sus hijos, una situación que preocupa al MNP, dado que el 87,6% de las reclusas afirmó que es madre.
La mayor parte de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay (58%) lo está por delitos relacionados con el microtráfico de drogas, o con la posesión de estupefacientes.
El MNP verificó que existe una “relación desproporcionada”, entre la cifra de internas procesadas por estos delitos, y la cifra de mujeres que fueron efectivamente condenadas por estos hechos.
En cuanto a las condiciones previas a su detención, un 44 % de las mujeres manifestó que había sufrido violencia en la pareja.
Además, una de cada cinco mujeres reclusas, el 20 % del total, dijo que había vivido en su niñez o adolescencia una situación de criadazgo, un sistema por el cual una familia cede a su hijo o hija a otra para que se dedique al trabajo doméstico, a cambio de educación y manutención, y que varias organizaciones consideran “una forma moderna de esclavitud”.
Con respecto a las condiciones de vida en la penitenciaría, un 20 % de las entrevistadas confesó haber sido víctima de torturas o malos tratos, y el 24 % recibió sanciones o castigos como la suspensión de visitas, el aislamiento, el trabajo forzoso o el traslado a otras penitenciarías.
El MNP manifestó su preocupación por la larga duración de los castigos de aislamiento, que en promedio se aplican durante 10 u 11 días, cerca del límite de 15 días considerado como “tortura” por la ONU, pese a que la ley paraguaya autoriza que este castigo pueda aplicarse durante un mes.
También criticó el traslado “arbitrario” de internas a otras penitenciarías como forma de castigo, debido a que perjudica al papel que cumplen las mujeres en el cuidado de sus hijos y la manutención de sus familias.
Paraguay es el décimo país del mundo con mayor proporción de presos sin condena, y el segundo a nivel suramericano, según datos de 2012 citados por el MNP.