El abogado español, Aitor Martínez, designado peticionario ante los organismos internacionales por parte de las víctimas de Curuguaty, acusó a Jalil Rachid, asignado en el 2012 para la investigación de la matanza y hoy viceministro de Seguridad Interna, de ocultar pruebas fundamentales que demostraban la inocencia de los campesinos que ayer fueron condenados por la Justicia.
Aseguró que estuvo en nuestro país para realizar su propia recolección de datos sobre el caso ante la "manifiesta unidireccionalidad" de la investigación. En la oportunidad dijo que recogió pruebas contundentes que el por entonces fiscal Rachid optó por ignorar.
"Con todo lo que entregamos a Jalil Rachid, no se quiso investigar", señaló. En este sentido detalló que hubo campesinos que murieron por balazos en la boca "a cañón tocante", como así también pruebas de desaparición forzada teniendo como prueba imágenes de un programa de televisión. "En el caso de Arnaldo Quintana, quien fue herido y quedó con los intestinos destrozados, la Policía le impidió acceder a ambulancias", agregó. Además el caso de dos campesinos más que fueron detenidos en el hospital por supuestamente participar de los hechos, pese a que hay pruebas de que nunca estuvieron en la finca donde ocurrieron los hechos. A esto agregó que la acusación de Rachid no se basa en pruebas científicas ya que la prueba de parafina a los labriegos resultó negativa.
En este sentido, cuestionó duramente la designación del agente fiscal al caso ya que era la abogada Ninfa Aguilar la que debía investigar. "¿Por qué se le dio a él el caso Curuguaty?", se preguntó y se replicó a sí mismo al señalar que resulta muy llamativo que haya sido nombrado siendo novio de la nieta de Blas N. Riquelme (dueño de las tierras ocupadas) y otros hechos. "Se tenía que cerrar tal y como se cerró el juicio político", agregó, para a renglón seguido señalar las autoridades lo eligieron diciendo "pongamos a un fiscal de nuestra cuerda, con vasta experiencia de tres meses (ironía) para que investigue unidireccionalmente y todo lo demás se cierre", puntualizó.
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En otro momento, señaló que todas las instancias internacionales que analizaron el caso se han pronunciado contra Paraguay por la violación del debido proceso y otros puntos."Paraguay intenta falsear ante instituciones internacionales la realidad (...) Miente a organismos internacionales", acusó.
Detalló que nuestro país ya fue condenado por el Consejo de las Naciones Unidas y en una nueva reunión en Ginebra, se ha dado una nueva condena "por la condición parcial y viciada" del proceso.
El caso también se encuentra en instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según precisó: "Está abierta en la CIDH la petición Número 417/14 (...)La condena más vinculante es la de la CIDH ya que es un organismo de reparación, por al que se absuelve a las víctimas y se dispone su indemnización", dijo.
