Con sus acciones, el parlamentario nos recuerda a cada instante que Paraguay es un país sin futuro. Óscar González Daher es uno de los políticos que día a día confirman que nuestro país es un Estado fallido.
Su poder lo emplea en fortalecer la ausencia de un estado de derecho. Se nutre de esta ausencia. Y, para lograrlo, tiene en sus manos una herramienta formidable: la corrupción de jueces y fiscales, a quienes maneja como títeres. La presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados le permite manejar a su antojo el Poder Judicial.
¿Un solo hombre capaz de torcer la justicia? Sí, un solo hombre. Es la confirmación de que Paraguay es un Estado fallido.
Óscar González Daher tiene una fuerte injerencia en el juicio que mantiene el Grupo Favero contra Marino Raiter y Marilene Penkal de Raiter, colonos brasileños que llevan 40 años radicados en nuestro país, con hijos y nietos paraguayos.
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El Grupo Favero, a través del Agro Silo Santa Catalina SA, reclama el pago de 23 millones de dólares al matrimonio Raiter. Los Raiter demostraron, a través de una pericia del Laboratorio Forense del Ministerio Público, que sus respectivas firmas fueron falsificadas, que aparecen en un papel y con el que aquella empresa les reclama el pago de una sideral suma.
El dictamen 353/15, resultado de la verificación de firmas que dan origen a hipotecas y prendas por valor de 23 millones de dólares, expresa lo siguiente: "No corresponden a los señores Marino Raiter y Marilene Da Rocío Penkal de Raiter".
El monto que se pretende cobrar es una locura: 23 millones de dólares. El Grupo Favero sabe mejor que nadie que la deuda no existe. Cada uno de sus directivos tiene claro que se falsificó la firma del matrimonio Raiter. Así y todo pretenden cobrar. Esta situación abre la sospecha de que son unos perfectos bandidos, empezando por el mismo Tranquilo Favero.
La confirmación de deshonestidad vino del propio abogado de la empresa: José Costas Arriagada. En un escrito dirigido a la Corte Suprema de Justicia se negó a entregar el extracto de cuentas de los Raiter con el argumento de que "nadie está obligado a declarar en su contra".
Así como nadie está obligado a declarar en su contra, nadie esta obligado a pagar una deuda que surge de la falsificación de firmas.
La negativa de los Raiter a pagar una deuda que no existe obligó a los directivos del Grupo Favero a buscar un aliado con suficiente poder para torcer la mano de la justicia. El matrimonio, por su lado, recurrió al Poder Judicial en busca de amparo. Una justicia decente habría enviado a la cárcel a los directivos del Grupo Favero y habría anulado el registro del abogado José Costas Arriagada.
No existe una justicia decente. No existe un estado de derecho. Y Óscar González Daher tiene el poder necesario para que un juez obligue a los Raiter a pagar una deuda que nace de la falsificación de sus firmas.
La tarde de hoy, viernes, se presentó el oficial de justicia Marco Sanabria, con matrícula Nº 1.278, con una orden de embargo sobre 7.200 toneladas de soja. Según el mandato firmado por la jueza Julia Rosa Alonso Martínez, del quinto turno de Asunción, el matrimonio Raiter tiene la obligación de entregar al Grupo Favero aquellos granos, valuados en unos 2,5 millones de dólares.
El oficial de justicia pretendió dar cumplimiento a una orden de secuestro. El mandamiento y el juicio no aparecen en el sistema del Poder Judicial, como así tampoco el expediente.
El Grupo Favero no logró demostrar que haya gastado un sólo guaraní en el financiamiento de la soja de los Raiter.
Aquí viene la mano extorsiva de Óscar González Daher, propia de usureros: el 28 de setiembre pasado envió a Rodrigo Estigarribia Amidey junto a la jueza Victoriana Cáceres Duarte con la orden de dejar sin protección legal a los Raiter. Estigarribia Amidey es secretario de la segunda sala del Jurado de Magistrados.
La jueza Victoriana Cáceres Duarte extendió un recurso de amparo en favor del matrimonio. El abogado José Costas Arriagada presentó una apelación. Rodrigo Estigarribia Amidey habría logrado lo imposible: la magistrada concedió la apelación suspendiendo el efecto de la medida cautelar.
El Código Civil prohíbe en forma expresa que se suspenda una medida cautelar cuando se admite una apelación. Victoriana Cáceres Duarte habría cometido el delito de prevaricato ¿A quién importa, si el mismo Oscar González Daher es el presidente del Jurado de Magistrados?
Acciones como estas nos llevan a un callejón sin salida. Debilita la instituciones. Corrompe a un elemento clave en un sistema democrático, como es el Poder Judicial.
En medio de su desamparo, los Raiter presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado paraguayo por la violación de sus derechos fundamentales.
Pero Oscar González Daher y los directivos del Grupo Favero no son los únicos responsables en esta trama. Dos escribanas, Nélida Chávez y María Teresa Rodríguez, serían responsables de la falsificación de documentos en perjuicio de los Raiter.
Nélida Chávez es la esposa del parlamentario.