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El tribunal debe decidir si la obra, que está paralizada desde hace cuatro meses, va a proseguir con la constructora C&C, o bien, si se va a convocar a un nuevo llamado de licitación. Los pobladores realizaron el domingo último un acto de abrazo simbólico al templo de Yaguarón, defendiendo el patrimonio de la humanidad, y pidieron seguir con la restauración.
La obra de restauración del templo Yaguarón fue adjudicada por G. 12.388 millones a la constructora C&C, representada por Víctor Peña Gamba, pero diez meses después de su adjudicación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) anuló en octrubre de 2015 el contrato entre la empresa adjudicada y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), debido a que la constructora habría falseado un documento bancario para respaldar su capacidad financiera.
Como la empresa C&C fue desvinculada de la obra, la constructora interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución de DNCP, que le fue rechazado por Contrataciones, por lo que el abogado de la firma -Peña Gamba- presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Sobre el problema en particularm el defensor del Pueblo adjunto solicitó a dicha instancia judicial que se expida sobre el caso del templo Yaguarón y se manifieste en defensa del Patrimonio Histórico.
Aclaró que la acción de suspensión de la obra en el templo de Yaguarón no es recomendable, porque debe primar el interés general, de manera a resguardar el arte, la ciencia y la historia o un monumento público como la iglesia de Yaguarón. El defensor del Pueblo aclara que la obra lleva cuatro meses de suspensión, siendo pertinente llevar adelante las recomendaciones emanadas de los propios informes técnicos del MOPC, que indican “no suspender las obras”, a fin de evitar daños o un perjuicio patrimonial irreparable al templo.
Resaltó que la continuidad de la obra no priva de la posibilidad de resarcimiento al ente estatal ante la irregularidad documental mencionada en caso de reclamarse, por lo que considera que no afecta el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que obligan a todos los ciudadanos a cumplir con el cuidado técnico necesario. Manifestó que las medidas urgentes tendientes son para evitar la continuidad de un estado de riesgo para las instalaciones de interés público y el daño a un Patrimonio Cultural Nacional.