La petición, firmada también por el Frente Guasu, al que pertenece Lugo, actual senador, fue entregada al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en el marco de la 44ª Asamblea General que se celebra en Asunción.

Los firmantes exigen que se libere a los procesados antes del juicio previsto para el 26 de junio y que las tierras en disputa sean integradas en el programa de reforma agraria y devueltas a los campesinos.

La matanza de Curuguaty se saldó con la muerte de once campesinos y siete policías y se produjo cuando un grupo de unos 300 agentes de la Policía intentó desalojar a una treintena de labriegos que habían ocupado una finca de la localidad que querían que formara parte de la reforma agraria.

Cinco labriegos fueron acusados de intento de homicidio por la muerte de los policías, mientras que no se han explicado las circunstancias del fallecimiento de once de sus amigos y familiares en el enfrentamiento, sin ningún imputado por ello.

Los sucesos llevaron a la destitución una semana después de Lugo, mediante un juicio político.

La carta a Insulza denuncia también la política del presidente de Paraguay, Horacio Cartes, que califica de atropello a la democracia y a los derechos humanos, porque profundiza las desigualdades sociales del país.

Según la misiva, en Paraguay existe “una concentración de la tierra donde el 2% de la población controla el 85% de las tierras del país, lo que conlleva a la consecuente expulsión de miles de trabajadores campesinos e indígenas de sus tierras”.

Los firmantes, entre ellos grupos sindicales, campesinos e indígenas, destacan que ese modelo implica que la agricultura se concentra alrededor de los grandes cultivos de soja y que se basa en la apropiación ilícita de tierras públicas por parte de antiguos aliados de la dictadura del militar Alfredo Stroessner (1954-1989).

El comunicado exige también la derogación de la ley de Alianza Público-Privada aprobada el pasado año por el Congreso paraguayo que, según los firmantes, es una traba al desarrollo y a la inclusión social, que es el tema tratado por la Asamblea General de la OEA.

De acuerdo con la nota, el Gobierno de Cartes ha procedido a recortes radicales de las inversiones públicas en salud, educación y en la protección de los sectores más pobres.

Se hace mención también de las “políticas de represión” contra líderes indígenas y campesinos que reclaman su derecho a la tierra, especialmente a los activistas campesinos que se oponen a las fumigaciones con agrotóxicos.

Según la carta, desde la caída de la dictadura de Stroessner, fueron asesinados 132 líderes campesinos y otros 21 desde que en 2012 fuera destituido Lugo.

La carta propone también a la OEA la creación de una comisión especial integrada por las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales de Paraguay para investigar todas las violaciones a los derechos humanos denunciadas en su contenido.