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Explican en la nota que lo hacen porque se sienten agraviados en sus derechos al detectar que entre los preseleccionados figuran personas que no reúnen las capacidades exigidas. Son sub o sobrevaloradas lo que demuestran incumplimientos de varias disposiciones y obligaciones exigidas por la Estatal de acuerdo al perfil y matriz.
Exigen auditar todas las documentaciones presentadas por los preseleccionados, que se hagan cruce de datos de los certificados presentados, con las instituciones que otorgaron esos documentos.
También solicitan investigar a los postulantes que teniendo título de grado se presentaron a cargos que no lo requieren, violando la declaración jurada.
En la nómina de preseleccionados figuran un concejal municipal, su hijo y los hermanos de un intendente, así como sus sobrinos. Esto supone un tráfico de influencia puesto que la empresa pública está llena de operadores políticos.
Petropar llamó a concurso para cubrir 141 puestos laborales en su fábrica de Troche, que planea poner operativa este mes. Para el efecto firmó convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El organismo multilateral se encargó de administrar unos US$ 7 millones de Petropar. En esta primera etapa se invirtieron alrededor de US$ 3 millones en el arreglo de las máquinas y puesta en funcionamiento del molino.
La fábrica debe producir alcohol para mezclar con la nafta. Además, de dar mano de obra a obreros y cañicultores, la estatal planea reducir la compra del producto de empresas privadas.