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Abel Florentín, titular del Centro de Jubilados Bancarios, explicó que el pedido obedece a la imputación por lesión de confianza de casi todas las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, que según dijo les inhabilita para seguir al frente de la institución. Los jubilados reclaman una acción urgente por parte del Poder Ejecutivo para designar intervinientes en el caso, quienes tendrán, entre otras funciones, convocar a una asamblea para elección de nuevas autoridades.
Alegan que no se justifica que el titular de la Caja, José Antonio Caballero y otras autoridades imputadas sigan al frente de la institución, más aún tratándose de un caso de lesión de confianza. Esto genera desconfianza en los asociados e inestabilidad, sostuvo el dirigente del Centro de Jubilados.
Imputados
Cabe señalar que la fiscala Victoria Acuña imputó en enero pasado a Caballero y a los miembros del Consejo de Administración, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera.
A su vez, imputó a César Rodrigo Amarilla, gerente general de la Caja de Jubilaciones y representante legal de la firma Karaku SRL, empresa de fachada desde donde se desviaron más de G. 400 millones, aunque la suma podría trepar a casi G. 4.000 millones, de acuerdo con una pericia.