“El Ministerio Público no ha explicado de manera convincente los motivos por los cuales no investigó tales muertes, ni tampoco la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales de varios campesinos”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, según un comunicado remitido a los medios de comunicación.
Estas dos entidades internacionales pidieron además a las autoridades paraguayas “investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial todos los hechos relativos a la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de los hechos de junio del 2012”.
“En Paraguay, el 1,6% de los propietarios poseen el 80% de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución Nacional”, puntualizó Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe.
“Las autoridades están obligadas a realizar investigaciones independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones de derechos humanos y deben garantizar que las víctimas y sus familias, una vez acreditado el perjuicio, tengan acceso a una reparación integral. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que, ante casos de privación de la vida, los Estados tienen la obligación de investigar efectivamente los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de lo contrario se generarían las condiciones para que tales hechos se repitan en el futuro”, indicó el comunicado.
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“Según información de organizaciones locales de derechos humanos, en los últimos 25 años sólo Paraguay, por lo menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas han sido asesinados o se encuentran desaparecidos en el contexto de la disputa por la distribución equitativa de la tierra”, puntualiza la nota.
En el juicio oral y público, única causa judicial impulsada para esclarecer los acontecimientos del desalojo violento de 2012 de Curuguaty, se ha condenado a 11 campesinos por homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble, “sin dar respuesta a su vez a los temas de verdad y justicia en el caso de los otros once campesinos asesinados y sin dilucidar la cuestión relativa a la propiedad de las tierras en disputa, aún pendiente en el ámbito de la justicia civil”, concluye el comunicado de Oxfam y Amnistía Internacional.