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Esta sentencia condenó a los 11 acusados a penas de entre 4 y 30 años de prisión, pese a que la defensa considera que la Fiscalía no pudo demostrar los crímenes por los que fueron imputados.
Los campesinos fueron acusados de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, en relación con la muerte de seis policías de los más de 300 agentes que intervinieron para desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban para pedir que se integrasen a la reforma agraria. La Fiscalía no imputó a nadie por la muerte de 11 campesinos durante la masacre.
Los defensores presentaron este lunes ante el tribunal de la ciudad de Salto del Guairá (Este) un recurso de más de 170 páginas que solicita la nulidad del proceso por los “vicios y falsedades” que se verificaron en su desarrollo, dijo a Efe uno de los abogados defensores, Marcos Shirakawa. Entre estas falsedades, se encuentra la que atribuye la propiedad de la tierra a la empresa Campos Morombí, que pertenece a la familia de un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
La titularidad de estas tierras, conocidas como Marina Kue, se encuentra en litigio entre la empresa y el Estado paraguayo, al que fueron donadas en 1967, mientras que la estatal Comisión de Verdad y Justicia las considera como tierras usurpadas ilegalmente en la dictadura. Además, los defensores consideran “aberrante” que el tribunal presuma que todos los miembros de la asociación vecinal conformada para la ocupación de las tierras de Marina Cue son culpables de delitos por el simple hecho de pertenecer a este colectivo, que estaba legalmente reconocido.
La defensa también presentó varios incidentes registrados en el proceso, como la falta de intérpretes para tomar declaración a los acusados en su lengua materna, el guaraní, cooficial en Paraguay y predominante en el campo, sostuvo Shirakawa. La presentación de la apelación y el pedido de nulidad estuvo acompañada por familiares de las víctimas y activistas que se manifestaron ante el Palacio de Justicia de Salto del Guairá para pedir que el proceso sea declarado nulo.
El pasado 11 de julio, el tribunal condenó al acusado Rubén Villalba a 30 años de cárcel y 5 años de medidas de seguridad; a Luis Olmedo, a 20 años de cárcel, y a Néstor Castro y Arnaldo Quintana, a 18 años de prisión. Todos ellos fueron sentenciados en relación con la muerte de los seis policías, y se encuentran en la penitenciaría de Tacumbú, en Asunción.
Además, las tres mujeres acusadas en la causa, Fany Olmedo, Lucía Agüero y Dolores López, fueron condenadas a seis años de prisión, acusadas de haber actuado como señuelos para disuadir a los policías que participaron en el desalojo, y hoy permanecen bajo arresto domiciliario. Los otros cuatro acusados, Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Felipe Benítez y Juan Carlos Tillería, fueron condenados a cuatro años de prisión por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y salieron en libertad tras haber completado su pena desde 2012 hasta hoy.
La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de “irregular” por organismos como la Unasur y el Mercosur.