11 de Mayo de 2017 15:38

 

Por inoperancia oficial, rematarán casas de 40 familias

Unas 40 viviendas en Capiatá, financiadas por Senavitat a través de una cooperativa intervenida por el Incoop y liquidada, serán rematadas el 22 de mayo, dejando en la calle a similar número de familias, en la total desesperación, según beneficiarios.

Alrededor de 40 viviendas en Capiatá serán rematadas, según denunció Marcelina Franco, presidenta de la comisión. La misma rememoró que son 38 familias beneficiarias de un proyecto de viviendas en el barrio “La Esperanza”, de Capiatá, impulsado por la cooperativa (en proceso de liquidación) “Ñapu'a hagua”. Dijo que para la construcción la misma recibió un crédito hipotecario de G. 2.979 millones de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).

El presidente de la cooperativa fallida es el Ing. Hugo César Acevedo (imputado en otra “tragada” junto a funcionarios de Senavitat), la vicepresidenta es María Ledesma de Florentín, secretaría María Nancy Bogado de Sánchez, tesorera es Marilina Giménez, miembros titulares: Catalino Ríos, Nilsa Torres y el suplente Mario Maciel.

Marcelina Franco añadió que la cooperativa firmó un contrato con la Senavitat y recibió la totalidad del préstamo, se construyeron las casas que fueron entregadas a los destinatarios, socios de la citada cooperativa. “Como nuestro contrato es con la cooperativa, nosotros le hemos pagado una cuota de G. 406.000, que nos cobraba con un interés del 4%. Un 92% de las casas fueron terminadas, el resto ya no concluyeron, supuestamente porque faltó dinero, según los directivos de la cooperativa”, recordó.

Agregó que después de tres años de estar habitando las viviendas, en el 2015 descubrieron que la cooperativa jamás abonó las cuotas de los asociados a Senavitat, pese a que estos pagaron religiosamente durante más de 30 meses.

Dijo que el descubrimiento se dio debido a que la cooperativa les quería cobrar un seguro privado, a la cual se negaron, considerando en este tipo de proyectos ya está incluido el seguro, pero que para salir de las dudas, consultaron a Senavitat, y allí se enteraron de que la cooperativa estaba incumpliendo con su obligación. “Allí, asustados, hicimos una manifestación frente a la cooperativa, exigiendo explicaciones y nos dijeron que no pagaban, porque estaban 'priorizando' otros créditos que tenían con otra cooperativa, pero que ya estaban en un arreglo con la Senavitat”, lamentó.

Afirmó que, contrariamente, la Senavitat les respondió otra cosa, y les informó que también estaban judicializando el caso. “Después quedamos con la promesa de que iban a pagar todo en dos meses, lo cual no pasó, y allí los socios pedimos la intervención inmediata del Incoop, que encontró que la entidad estaba funcionando en forma totalmente irregular”, recordó.

Añadió que el Incoop descubrió que la cooperativa ni siquiera tenía libro contable, y que se manejaba “totalmente en negro”, por lo que finalmente resolvió su disolución, y en estos momentos está en liquidación. “La firma constructora de las viviendas se llama Área, que es propiedad del presidente de la cooperativa. Allí ya comenzó la irregularidad, porque nuestras casas se hicieron con materiales de quinta categoría”, aseveró.

Comentó que también descubrieron que la cooperativa recibió un crédito “muy elevado” de Banco Visión, que tampoco pudo pagar, y que desde el 2011 el citado banco venía analizando qué le podía sacar para recuperar sus acreencias. “Con la resolución del Incoop accionó y logró embargar nuestro proyecto en el 2015, cuyo remate se llevará a cabo el 22 de mayo próximo”, se quejó.

Por todas estas razones, la comisión vecinal solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso una urgente auditoría respecto de la intervención del Incoop, y la falta de interés que tuvo para aclarar las irregularidades, teniendo en cuenta que hasta la fecha no hay una sola denuncia del Incoop contra los administradores de la cooperativa. Además, lamenta que la Senavitat no haya accionado a tiempo para reclamar los pagos, y no tuvo la voluntad necesaria para investigar a fondo, dar seguimiento a esta estafa y buscar una salida favorable para los afectados.

Explicaciones de Senavitat

Respecto al caso del inminente remate de viviendas en Capiatá, el coordinador de Transparencia y Participación Ciudadana de la Senavitat, Adolf Sauer, explicó que la institución se encuentra en conversaciones con socios de la cooperativa desde el año 2015, durante el proceso de intervención y de liquidación de la misma.


Confirmó que la morosidad de la cooperativa alcanza actualmente los 33 meses, habiendo pagado solamente dos cuotas de una deuda inicial de 2.797.132.957 de guaraníes. Dijo que la Senavitat, en todo momento, ha planteado a la comisión liquidadora la utilización de la figura de dación en pago como medio de extinción de la obligación de la cooperativa con la institución, de manera a que la entidad pueda recuperar la propiedad y las viviendas que estaban a nombre de la cooperativa, y luego volver a adjudicar a las familias, ya que la ejecución de la hipoteca desembocaría en un remate público, cuyo resultado podría ser incierto y por ende perjudicial para las familias afectadas por la Cooperativa.


Agregó que hasta la fecha la comisión liquidadora no ha formalizado este pedido para iniciar el procedimiento de la dación. Por otro lado, dijo que un banco de plaza (Visión) ha solicitado un embargo ejecutivo contra la cooperativa por una deuda de aproximadamente G. 400 millones, lo cual desembocó en la sentencia de remate.


Sauer afirmó asimismo que, de manera a alcanzar un acuerdo, pese a que la Senavitat no es parte en el juicio entre el banco y la cooperativa, se ha mantenido una reunión con la asesoría jurídica del banco de manera a alcanzar una acuerdo que beneficie a las familias, se evite el remate y permita que la comisión liquidadora formalice su solicitud de ofrecer la propiedad a la Senavitat bajo la figura de la dación.

 
 

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