La magistrada que instruye la causa, Rosa Yanine Ríos, trasladó la audiencia para después de las elecciones generales del próximo día 21 debido al “acuartelamiento” de la Policía para custodiar el orden durante los comicios, explicó el letrado Guillermo Ferreiro.
La primera audiencia preliminar del caso quedó suspendida el pasado 14 de febrero porque la defensa demandó la recusación del fiscal, sin éxito, y del juez, que fue sustituido.
Ferreiro, que representa a 11 de los 14 campesinos acusados, dijo que comprende la decisión de la jueza porque en la última audiencia “hubo al menos 300 policías” para garantizar la seguridad de los campesinos imputados.
“Apurar es lo que quieren, nunca fijan tan rápido la fecha para una audiencia preliminar”, aseveró la fuente.
El letrado denunció que el Gobierno tiene “un interés político” en acelerar el proceso porque su “legitimidad está ligada a la matanza de Curuguaty”, donde murieron enfrentados once campesinos y seis policías durante un desalojo de “sin tierras” de una hacienda cuya propiedad estaba en disputa.
La defensa reiteró que la magistrada ha omitido hasta ahora analizar la propiedad de las tierras, que está en litigio entre el Estado y la familia del ya fallecido político colorado Blas N. Riquelme.
La matanza fue el principal argumento para la destitución una semana después en un juicio político del entonces presidente, Fernando Lugo, sustituido por su vicepresidente, el liberal Federico Franco.
La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas pidió el mes pasado al Gobierno de Franco una investigación “inmediata, independiente e imparcial” sobre la matanza.
El Mercosur y la Unasur suspendieron a Paraguay una semana después de la destitución de Lugo y están a la espera del desarrollo de sus elecciones para decidir sobre la reintegración del país.