/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/5I3H57E6IZF5ZOUBSPNAOSRE4I.jpg)
Cargando...
El acto de escrache, con el lema “Intervención ya”, está previsto para mañana a las 9:00 frente a la sede de la Municipalidad. La intención es que, con la presión ciudadana, los demás concejales que hasta hora están evitando la intervención se adhieran al grupo de ediles que viene denunciando el saqueo de la Comuna, pero que hasta ahora no fue aprobada por la Junta Municipal debido a la constante ausencia en las sesiones de siete concejales “oficialistas”.
Según la denuncia presentada por los ediles del PLRA Jorge Prieto Rivas, Guillermo Sosa y Emenegildo Godoy, y Lucía Zayas Espínola y Dominga Leiva Guanes, de la ANR, la administración a cargo de Ariel Araújo está plagada de irregularidades. Señalan que el jefe comunal emplea los recursos municipales como propios, repartiendo cheques de la institución a personas particulares que no tienen ningún tipo de vínculo con la Comuna.
La propia Contraloría General de la República (CGR) confirmó el desvío de casi G. 1.000 millones, por medio de cheques sin documentos respaldatorios en el año 2017. Araújo no solo utilizó los recursos que disponía en caja de la Comuna, sino además expidió cheques sin fondos cuyos pagos ahora se están reclamando vía judicial.
Hasta ahora ya existen tres sentencias de juicios ejecutivos que obligan a la Comuna el pago G. 455 millones. Este monto debe ser previsto en el presupuesto 2019, habiendo sido cheques utilizados en forma particular por el intendente.
Los ediles detectaron igualmente decenas de obras fantasmas con los que el ejecutivo habría desviado varios millones más del presupuesto municipal. El año pasado dejó de pagar ocho meses de sueldo, y este año muchos funcionarios y concejales municipales ya tienen de nuevo acumulados cinco meses de salarios caídos.
La Comuna de Caballero Álvarez maneja un presupuesto de cerca de G. 10.000 millones anuales, sin rendición de cuentas. Para seguir recibiendo los desembolsos del Ministerio de Hacienda, en conceptos de Royalties y Compensaciones, Fonacide y Resarcimiento, estaría presentando rendiciones amañados con datos falsos.
Los ediles que protegen al intendente Ariel Araújo son: Rogelio Silvero, Pedro Candia Vargas y Claudio González Villalba, de la ANR; Alejandro Colina, Gildo Sokoloski y Silvero Sánchez, del Unace.
La concejala Norma Villar, de la ANR, asegura apoyar la demanda de sus colegas pero no está de acuerdo con la forma que se vienen planteando las denuncias.
Ariel Araújo tiene varios antecedentes en el ámbito privado. Además de las demandas por expedir cheques sin fondos de la Municipalidad, afronta igualmente varias demandas por expedición de cheques personales sin fondo y quiebras fraudulentas.
Fue denunciado igualmente como presunto mandante de la muerte de la dirigente social María Ester Riveros de Gómez (56), en un ataque ocurrido en la colonia San Juan, a 25 kilómetros del pueblo de Puente Kyjhá, en marzo de este año. El caso está a cargo del fiscal Christhian Marcelo Bartomeu de Salto del Guairá.
Ya con anterioridad Araújo fue salpicado por el asesinato del brasileño prestamista Rogelio Gossi da Silva (40), alias “Batata”. El hecho se registró en mayo del 2016.
En la Junta de Saneamiento de su comunidad, donde fungió de presidente por seis años, dejó un clavo de G. 312 millones solo a la ANDE. Hace poco tiempo lo echaron de dicho lugar.
Araújo es muy conocido en el ámbito de la usura en Canindeyú, actividad en la que se habría iniciado en los tiempos en que Cristina Villalba era administradora de la Gobernación de Canindeyú.
Supuestamente la mencionada dirigente, actualmente diputada por segundo periodo, es su protectora, lo que le permite seguir libre de los castigos de la justicia hasta ahora.