El libro se presentará en primer lugar en la “Carpa de la Resistencia”, un espacio frente al Palacio de Justicia de Asunción en el que se encuentran acampados como forma de protesta los familiares de los campesinos que en julio fueron condenados a penas de entre 4 y 30 años de prisión por este caso.
Posteriormente, el miércoles, la obra se presentará en el Museo del Barro de Asunción, en un acto en el que participarán el crítico y ensayista Ticio Escobar, la investigadora Line Bareiro, y el sacerdote jesuita español Francisco de Paula Oliva, conocido por su apoyo a la libertad de los procesados por el caso Curuguaty.
En la masacre de Curuguaty murieron en 2012 once campesinos y seis policías durante un desalojo de las tierras que un grupo de labriegos ocupaba para pedir que se integrasen a la reforma agraria estatal.
El juicio sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un proceso que organismos internacionales como Unasur tildaron de “irregular”, y que le valió a Paraguay su suspensión del Mercosur, al considerar el bloque que se había producido una ruptura del orden democrático.
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El pasado 11 de julio, después de cuatro años de proceso judicial que pasaron bajo arresto, los once campesinos acusados fueron condenados a prisión por la muerte de los policías, mientras que la muerte de los campesinos en la masacre nunca fue investigada.
Cuatro de los acusados fueron condenados a penas de entre 18 y 30 años de cárcel, mientras que otros cuatro fueron condenados a cuatro años de prisión, y quedaron en libertad al haber completado ya su pena desde 2012.
Además, las tres mujeres procesadas por este caso fueron sentenciadas a seis años de prisión, que cumplen bajo arresto domiciliario.
Días después del final del juicio, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Husein, mostró su preocupación por la sentencia emitida tras un juicio “en el que presuntamente no se respetaron las garantías procesales”.