La iniciativa, impulsada por una mesa de trabajo interinstitucional, establece seis medidas base como el cumplimiento de la ley que estipula la retención de los vehículos sin matricula y el uso obligatorio del casco, así como el apoyo al proyecto de ley para aumentar las penas para los reincidentes en delitos de 10 a 20 años de cárcel.
El plan, presentado por el diputado oficialista Dany Durand, fue diseñado en conjunto con autoridades de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, informó en un comunicado la Cámara de Diputados.
A la presentación acudió la titular de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta; el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón; el ministro del Interior, Tadeo Rojas, y el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo.
El ministro del Interior subrayó en el acto que desde el Estado es importante mostrarse “duros” ante los reincidentes y no “actuar con suavidad ante la delincuencia”.
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Por su parte, el fiscal general del Estado reconoció que a la Fiscalía le resulta complicado realizar su trabajo debido a que la mayoría de los moto asaltantes son menores de edad, y por tanto no pueden ser imputados.
Díaz Verón también recalcó que los causantes de esa violencia son adictos a las drogas y que el 80 % de los casos de moto asaltantes caen en la impunidad ya que las denuncias son contra personas innominadas.
El mes pasado se disparó la alarma social en Paraguay por la actuación de los “motochorros”, asaltantes armados a bordo de motocicletas que se han convertido en un serio problema de seguridad con sus robos callejeros de billeteras o de teléfonos móviles.
Ante la oleada de asaltos, algunos sectores han pedido a la autoridades prohibir la circulación de motocicletas con dos personas después de las cinco de la tarde, ya que habitualmente es a partir de esa hora cuando actúan los “motochorros” y generalmente en pareja.
Según los datos de la fundación Socorro, hay unos 1.200 de estos criminales repartidos entre unas 600 bandas en todo el país.