El diario Clarín de Buenos Aires, en su edición de ayer miércoles, informa que el empresario naviero Miguel Doñate -denunciado públicamente por el presidente argentino Mauricio Macri- está siendo investigado por la justicia por entorpecimiento de las vías navegables, puesta en peligro de una embarcación y extorsión, los mismos delitos de los que se acusó al sindicalista Omar “Caballo” Suárez, actualmente en prisión.
En la publicación de Clarín, atribuida al periodista Daniel Santoro, destaca que la causa se abrió a fines de setiembre pasado en el juzgado de Sebastián Casanello, luego de que el fiscal Ramiro González imputara a Doñate y a otros empresarios del sector en base a una denuncia de las agencias de servicios portuarios Marítima Meridian y Beteleuse Shipping Service SA por retrasar la llegada de sus buques a puerto y la exigencia del pago de "sobrecostos en efectivo" para los servicios de ocho de sus barcos que debían entrar a puertos argentinos.
En ese sentido, Meridian denunció que Doñate demoró el ingreso a los puertos de los buques “Stenta Perros”, “British Shappire”, “Gas Premiership”, “Alessandro Volta”, “Neva Star” y “Mentor”, entre otros. Y que para lograr que amarraran tuvo que “pagar mayores costos y por adelantado”, en vez de hacerlo por una cuenta corriente.
Clarín recuerda que en su discurso por el Día de la Industria, el 31 de agosto pasado, Macri pidió poner fin a las mentiras, la corrupción, a la “viveza criolla mal entendida”, del atajo, y acusó directamente a Doñate que incidir en los sobrecostos de los prácticos en los puertos “que lo pagamos todos los argentinos con menos empleo, perjudican a muchísimas personas”.
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Al día siguiente, Doñate le contestó en una solicitada negando que exista cartelización de la actividad de los prácticos y abrió una “guerra” entre empresas que dan servicios en los puertos.
Voceros del Gobierno afirmaron que Doñate “es el impulsor de dos paros de prácticos” de 24 y 48 horas que “provocaron un aumento de la soja en el mercado de Chicago”. Explican que “tiene cartelizado las empresas de las lanchas que llevan a los prácticos a los barcos” e influye sobre sus asociaciones.
Esos voceros oficiales admiten que Doñate fue el primero en denunciar al “Caballo” Suárez ante la Justicia “pero después acordó con él y son socios en un remolcador”. Para estos portavoces, el costo del servicio de practicaje y pilotaje en los puertos de Rosario y sus alrededores llamados Rosafe para un tráfico de 2.500 buques por año llega a “300 millones de dólares y debería ser mucho menos”.
De acuerdo a los datos de Clarín, el empresario acusado por el presidente Macri y procesado por la justicia, es un capitán de ultramar y práctico retirado que actualmente es socio o accionista de las siguientes empresas vinculadas al negocio portuario: Lanchas del Este (que opera en La Plata), Marnatir SA, Practicaje Integral SA, Water Tour, Serviprac (Río Paraná), Zapor, PKM SA, Villa Villa SA, Complejo Madero, Puerto Mariel, DonMar (Bahía Blanca), Vessel SA, Neula SA, Vessel Logística, Antillana SA, Clara Inversiones, y Practicaje Independiente SA (Río de La Plata), entre otras.
En Paraguay, Miguel Doñate es propietario de la firma naviera “Vessel Atlántica”, que opera en Hidrovía hace 10 años, y está asociada en el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFyM), según confirmó a nuestro diario el presidente del citado gremio, Juan Carlos Muñoz Menna.
El dirigente naviero compatriota explicó asimismo que la naviera propiedad de Miguel Doñate opera actualmente con cuatro barcazas porta contenedores. Aclaró que no puede hacer ningún juicio de valor sobre lo que el empresario argentino está atravesando en el vecino vecino país.
Para mayores datos, intentamos conversar con el representante local de Vessel Atlántica, Eduardo Vera Vessel, a un número de celular de la compañía Claro, con terminación 933, pero no fue posible.
Consultado sobre los sobre costos generados con la contratación de prácticos, denunciados en la Argentina, Muñoz afirmó que el Gobierno del vecino país propició una "revisión general", dado que por este "servicio" se estaba cobrando “una fortuna”. Comentó que una firma paraguaya llegó a pagar hasta US$ 3.000.000 al año por este servicio.
Preguntado si las navieras paraguayas no están sufriendo lo mismo en aguas argentinas, el dirigente empresarial aseguró que no, aunque en un momento se quiso imponer también el servicio a embarcaciones con bandera nacional de 120 metros de eslora, que se logró evitar a través de una sentencia judicial, que benefició a cuatro embarcaciones con pabellón nacional de dicho porte.