En palabras del diputado Celso Kennedy, los productores son los más interesados en el establecimiento de esta ley. “Ellos son los que más solicitan, porque el perjuicio del contrabando realmente afecta solamente a los productores”, puntualizó.
En una primera instancia, la penalización planteada es a los productos agropecuarios vegetales y animales de estado natural, mayores a US$ 500 en su valor de mercado original (Valor FOB). En un segundo punto, los industriales buscan incluir otro tipo de productos, sobre todo aquellos que se industrializan en el Paraguay.
“Desde la Comisión de Agricultura, con los productores y también con el acompañamiento de los industriales, hemos establecido que las multas no son suficientes para desalentar el contrabando y que la pena privativa de libertad y la criminalización es la única alternativa para mejorar la situación”, expresó.
Según sus declaraciones, el principal debate sobre este proyecto se centra en la pena, donde se habla de 5 a 15 años de privación de libertad. Esto generó una discusión con los profesionales del derecho, que alegan que es inconsistente comparada con otros delitos graves.
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Aseguró que en la sesión plenaria pasada se aprobó la modificación de dos artículos del Código Aduanero y su estudio en particular se aplazó para tener también el dictamen de la Comisión Asuntos Constitucionales, al que se derivó el proyecto. También mencionó que existen dictámenes de diversas comisiones: Agricultura, Asuntos Económicos y Legislación, pero algunos se muestran reacios a aprobar este proyecto de ley.
Citó que en el proyecto se cambia sustancialmente las penas que se establecen para el contrabando, teniendo en cuenta que si las sanciones (multas) hubiesen sido aplicadas correctamente, los resultados serían diferentes. Destacó que en otra modificación sugerida para el Código Aduanero se plantea la redistribución de las multas.
Expresó además que estas medidas necesitarán el acompañamiento de las instituciones del Estado a fin de definir claramente el “concepto de contrabando” y, por otro lado, organizar a los productores para que como organización puedan acompañar los procesos cuando estos se tratan de contrabandistas.
“Si vamos a establecer los daños que (el contrabando) ocasiona al Paraguay, también son inmensos del punto de vista fitosanitario, el punto de vista de la salud pública y ni qué decir el punto de vista económico. El contrabando siempre genera mucha inestabilidad o inseguridad jurídica para la producción nacional”, concluyó.