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“Desde ya insisto en mi inocencia. Es una acusación falaz, teniendo en cuenta que las tierras ya fueron compradas de antemano. ¿Por qué no solucionan ese tema?, ¿por qué hasta ahora la comunidad indígena no puede ingresar ahí?”, cuestionó Rubén Darío Quesnel, procesado por la desaparición de G. 3.000 millones durante su administración que debían ser destinados a comunidades indígenas.
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Tras 19 suspensiones por diferentes motivos, como recusaciones y hasta presentación de certificado médico, Quesnel insistió en que es inocente de los cargos que pesan en su contra. Reiteró que el dinero fue entregado a la Fundación Reforeast Par, con constancia de todo con documentos.
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“Empezamos a hacer la entrega. Como es caja de ahorro, no se podía emitir cheque, entonces hablamos con la gente del banco y nos dijo que solo se podía retirar en efectivo, entonces hicimos registro de extracción. La ONG no puede decir que no se entregó dinero. El proyecto se estaba ejecutando”, aseguró, pero acotó que algunos documentos "desaparecieron".
“Yo cumplí proveyendo el documento correspondiente en una carpeta, luego subió el señor Servín diciendo que no había ni papel higiénico de este proyecto. La carpeta aparece cerca de la fotocopiadora cuando yo ya estaba con prisión preventiva en Tacumbú; 15 días después aparece en el Indi. Yo nunca más visité las instalaciones del Indi, para decir que yo estuve ahí”, argumentó.
Finalmente, pidió al tribunal que se cumpla el Código Procesal Paraguayo. “Están en la carpeta fiscal los documentos. Pudo haber desorden administrativo en relación a la comisión que se conformó en diciembre, no en octubre”, apuntó finalmente.
Paraguay fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005 y 2006, por incumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa.
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Para el efecto, en marzo de 2008, en el Banco Nacional de Fomento se crearon dos cuentas a nombre del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) para ambas comunidades, que en total ascendían a la suma de G. 3.127.191.812.
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En ese sentido, el entonces presidente Fernando Lugo creó en 2009 la Comisión Interinstitucional encargada del Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), para poder realizar un seguimiento de los fondos para ambas comunidades indígenas, lo cual fue modificado en 2012 durante el mandato de Federico Franco, de manera que quedó a cargo del Ministerio de Justicia y Trabajo la Coordinación Interinstitucional Ejecutiva.
Según consta, la extracción de dinero se realizó en tres ocasiones por Rubén Quesnel y Marlene Ysabel Mendoza Ferreira, quien era la administradora de la institución entonces.
Tras asumir Jorge Aníbal Servín al frente del Indi, este denunció que encontró la cuenta de la comunidad Sawhoyamaxa en saldo cero y la de Yakye Axa con G. 285 y lo denunció en setiembre de 2014, advirtiendo que no halló ningún documento donde constara en qué se gastó la millonaria suma.