"Esta resolución conforma una comisión técnica y nosotros necesitamos establecer los términos de referencia sobre los cuales se va a auditar la gestión; si no, va a ser un gran vyrorei con soda y se va a usar para blanquear los nombramientos irregulares", dijo González, defendiendo la importancia de la decisión de conformar esa comisión.
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"Si esto va a ser serio, acá se destapa la caja de Pandora y van a saltar sapos y culebras", afirmó, insistiendo en que si el trabajo e investigación son serios, los administradores de la Cámara son responsables incluso penales.
"Nosotros sabemos que existe un manejo absolutamente discrecional en la Cámara", dijo. "Un toma y daca pues es: vos me das dos y yo me callo", agregó.
El hedor que emana de Diputados por la cantidad de funcionarios, muchos de ellos sin funciones ni idoneidad, ubicados por favores políticos, es literal, a tal punto que hace colapsar las cloacas, ya que el edificio no está preparado para tal número de funcionarios.
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"En el año 1992 -me decía un funcionario que entró-, era el número 72, en el '96 eran 300 y hoy somos 1.900, imaginate cómo está la Cámara, un alfiler no entra. Ahí explota la cañería porque no está preparado el edificio para la cantidad de gente", citó como dato llamativo.
El objetivo del informe es -además de determinar eventuales responsabilidades penales- fundamentar una ley que indique expresamente la prohibición de cupos para los legisladores o, en su defecto, que los funcionarios que ingresan con un legislador salgan una vez que este culmine sus funciones.
Agregó que una vez que se tenga el informe final no existe ninguna justificación para que se oculten los nombres de los legisladores que nombraron a planilleros, ya que es información pública amparada por la ley.