De esta manera, el tribunal de apelaciones falló parcialmente una vez más a favor de la transparencia de datos sobre los ingresos de autoridades del Gobierno.

Específicamente, los camaristas Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander votaron a favor de la transparencia de datos sobre los ingresos de autoridades del Gobierno, mientras que el juez Gustavo Ocampos votó en contra.

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Los jueces hicieron algunas aclaraciones ante la acción presentada por la Contraloría para evitar proveer dichos datos. Entre algunas cuestiones se acordó no informar sobre los datos de bienes propios de conyuges y tampoco la identidad de los hijos, pero si sus propiedades. Solamente se podrá publicar los datos personales del funcionario que declare sus bienes.

La acción fue promovida por el periodista Juan Carlos Lezcano con patrocinio de Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI). La Contraloría, incluso desacató la orden judicial del juez Rubén Riquelme, pese a que la acción de nulidad no les impide dar los datos requeridos.

Santander consideró que lejos de lo afirmado por la Contraloría, existe una relación de complemento entre la ley 5033/13, de las Declaraciones Juradas; y la ley 5282/14, de Acceso a la Información Pública.

Insistió además en que al tratarse de un acto entre un funcionario público y una institución del Estado, mal podría señalarse a la Declaración Jurada de Bienes como un acto privado.

A su vez, el juez Pedro Mayor Martínez manifestó que es importante que Estado y sociedad civil compartan información para un mejor control y prevención de hechos de corrupción.

El Tribunal de Alzada, decidió además, establecer un plazo de 60 días para la entrega de la información debido al volumen de lo solicitado.

Gustavo Ocampos, el voto disidente, se presentó días atrás como candidato a ocupar el lugar que quedará vacante en la Corte Suprema de Justicia ante la salida del ministro Óscar Bajac.