Con el rechazo a la acción, la Cámara de Diputados puede tratar el pedido de desafuero para enfrentar a la justicia por la causa abierta en su contra derivada de la contratación de personal en la Cámara Baja, pero que en realidad prestaban servicio en sus propiedades.

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El diputado Rivas solicitó que se anule la resolución por la cual se acepta su imputación y también la resolución que la confirma en la Cámara de Apelación, con el argumento de que se violentaron todos sus derechos como legislador.

De acuerdo a la imputación Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco fueron nombrados como funcionarios de la Cámara de Diputados y percibían salarios del Estado, pero en realidad cumplían labores en el domicilio particular y un comercio de Rivas, caso calcado al del exdiputado José María Ibáñez.