13 de Julio de 2017 14:54

 

Rechazan ejecución presupuestaria en Quiindy

Por Aldo Lezcano, corresponsal

QUIINDY. Fue rechazada una vez más la ejecución presupuestaria de la administración de la intendente municipal de Quiindy, Alba Acevedo de Bogado (ANR), quien a su vez habla de que se trata de una persecución política.

La Junta Municipal de esta ciudad, ubicada en el departamento de Paraguarí, nuevamente rechazó el lunes último la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016. El primer rechazo fue en mayo.

El descargo de la intendenta Acevedo de Bogado no convenció debido a que los documentos respaldatorios no reflejan el uso real de los recursos, según manifestó el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, Guillermo Lovera.

Lovera menciona que la comisión a su cargo emitió el dictamen al localizar diversas fallas. "Acá habría sobrefacturaciones, presuntos pagos por obras inconclusas, falta de transparencia y otras", dijo Lovera.

ASÍ VOTARON

Por el rechazo, a más del mismo Lovera, votó su correligionario Maximiliano Barrios, al igual que los liberales Benigna Maciel, César Domínguez, Carlos Alvarenga, Deissi Valdez y Juan Fleitas, al igual que Carmen Peralta del PDP.

A favor de la aprobación votaron los colorados Gabriel Cañete, Lorena Caballero y Emiliana Velázquez. No estuvo presente Cristian Álvarez (ANR).

BLOQUEO Y DENUNCIA

La Junta Municipal, presidida por Carmen Peralta (PDP), solicitará el bloqueo de los recursos de la Comuna hasta que se finiquite el caso.

Anuncian que en los próximos días acercarán todas las pruebas e informes disponibles  a la Contraloría General de la República.

Entre los tópicos graves citan la falta de transferencia del 15% de las recaudaciones en impuestos inmobiliarios al gobierno departamental y al Ministerio de Hacienda.

Peralta explicó que solo hasta diciembre del 2016 se podía realizar el depósito y que la intendenta lo realizó recién en el mes de febrero de este año. 

PERSECUCIÓN POLÍTICA

La intendenta Bogado asegura que respondió con documentos a todos los requerimientos. Dice no tener miedo de los controles y asegura que la desaprobación de la ejecución presupuestaria es parte de una persecución política.

Argumenta que su pecado es responder al grupo político oficialista liderado por el gobernador Miguel Cuevas y el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja.

Bogado dio a entender que la persecución es debido a directrices del grupo de los diputados Tomás Rivas, Clemente Barrios y la presidenta de Opaci, María del Carmen Benítez, que también responde al oficialismo.

 
 

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