El incidente tenía como argumento que el legislador contaba con inmunidad de proceso al momento de la presentación del requerimiento fiscal y que dicha actuación violó su derecho a la legítima defensa.

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Esta chicana obligó a la suspensión de la audiencia preliminar marcada para el 3 de junio. El diputado Rivas está imputado por los hechos punibles de estafa, cobro indebido de honorarios, uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Su caso es similar al de los “caseros de oro” del entonces diputado colorado José María Ibáñez. De acuerdo a la imputación, Rivas nombró como funcionarios de la Cámara Baja a Reinaldo Chaparro Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González, pero estos en realidad trabajaban en las propiedades del legislador.