El escrito firmado por los abogados Juan Köhn Gallardo, Liliana Boccia, Carolina Fernández y Adolfo Marín, cuestiona en primer término la objetividad de la investigación emprendida por la agente del Ministerio Pública; no obstante, aclara que el motivo de la recusación obedece a una supuesta enemistad hacia los mismos.
Los profesionales detallan una serie de hechos entre los que se destaca una constitución de la fiscala en sede del PLRA, para comprobar que efectivamente se realizaba una reunión política, programada con anterioridad, y por tal motivo debió suspenderse la reconstrucción de los hechos acontecidos en la madrugada del 1 de abril.
A esto se suma un pedido al juez Humberto Otazú que la reconstrucción se haga dentro del anticipo jurisdiccional de pruebas, cuando la fiscal había ordenado como un acto investigativo, “esto terminó por convencernos de su evidente animadversión hacia estos representantes convencionales o a los padres de Rodrigo Quintana”, refiere parte del escrito.
El texto menciona de igual manera la falta de respuesta concreta al pedido de los abogados sobre el acceso a todas las evidencias que obran en el Laboratorio Forense, el pedido de no tomar declaración testifical a un posible involucrado en los hechos investigados y el silencio con relación al pedido de ampliación de la denuncia sobre un presunto plan de atentar contra el titular del PLRA, Efraín Alegre.
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A criterio de los abogados, tales actuaciones demuestran una supuesta falta de objetividad en la investigación y hasta dan a entender que se encuadraría dentro de un posicionamiento político afín al gobierno de turno, por ello emprenden la recusación a los efectos de apartarla de la causa.