Las familias desalojadas serán reubicadas en diferentes lotes de terreno y contarán con asistencia integral del Estado para proporcionarles una “respuesta social”, declaró el presidente del estatal Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, en un comunicado.

Los técnicos del Indert verificarán estos terrenos acompañados del representante de Guahory, Elvio Araújo, y la representante legal de la comisión vecinal de esta colonia, Mirian Cristaldo.

Araújo expresó su satisfacción por los “avances” para dar solución al conflicto por las tierras en Guahory, disputadas entre la comunidad campesina y varios colonos extranjeros.

Por su parte, Cristaldo agradeció que el presidente del Indert se haya comprometido “a entregar las tierras recuperadas en el lugar de forma automática a los que son más necesitados”.

El presidente del Indert aclaró además que el ente estudia presentar una demanda judicial para recuperar las tierras de Guahory, tierras estatales que fueron adjudicadas años atrás de manera irregular a varios colonos extranjeros.

Cárdenas también pidió que se realice una audiencia pública en el Congreso paraguayo sobre el caso Guahory, para poder escuchar las opiniones de expertos jurídicos.

La negociación para dar respuesta a las familias desalojadas de Guahory alcanzó el pasado 11 de octubre una tregua de 20 días entre los campesinos y los colonos brasileños de la zona, con el fin de “evitar la violencia” para destrabar el conflicto sobre la tierra.

La tregua se firmó tres días después de que agentes policiales y antidisturbios presuntamente reprimieran con balines de goma a cerca de 250 personas, entre ellas mujeres y niños, que se habían refugiado en una capilla y una escuela cercanas al lugar del que fueron expulsadas, denunció la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri).

Las familias campesinas de la colonia Guahory fueron desalojadas en septiembre por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad de los pobladores, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

Codehupy reveló además que los campesinos fueron presuntamente sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los agentes policiales, que supuestamente percibieron un soborno de los colonos de la zona para ejecutar el desalojo.

El presidente del Congreso paraguayo, Robert Acevedo, denunció junto a cinco senadores opositores el presunto “uso desproporcionado de la fuerza” y la comisión de otros delitos en el desalojo de Guahory, y pidió al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que abra una investigación sobre el caso.