La mesa directiva de la Cámara Alta resolvió convocar a una sesión extra este martes para tratar tres temas. Añadió que la primera medida será analizar el acta de la reunión anterior, en la cual se puntualiza la sanción de la ley que concede por 30 años más la explotación de la Ruta VII a Tape Porã, luego de una confusa votación.
La senadora Esperanza Martínez, vocera de la mesa directiva, recordó que su colega Eduardo Petta había pedido a la presidencia del Senado la revisión de los votos sobre la ley de concesión, que terminó 20/18 a favor de la empresa Tape Porã. El legislador sostiene que hubo un error en el conteo de los votos y que en realidad la normativa tuvo más votos en contra que a favor, o bien, que en el mejor de los casos hubo un empate.
Martínez dijo que es preocupante que se sancione una ley cuando hay evidencias de errores en el conteo de los votos.
Por su parte, el senador Silvio Ovelar dijo que la revisión de los votos depende, para empezar, de la existencia del quórum necesario y de la mayoría simple de los legisladores que estén de acuerdo con verificar la votación anterior. Sin embargo, duda de que sus colegas que habían dado su visto bueno a la concesión a Tape Porã se presenten mañana.
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Recordó que el proyecto de ley tiene sanción ficta el próximo 2 de junio y que antes de la fecha deben aclarar las dudas sobre la propuesta. Consideró que, en estas condiciones, el presidente Horacio Cartes debe vetar la ley “por el bien de la República”. Resaltó que es llamativo que la bancada liberal apoye la concesión a Tape Porã, cuando los colorados tenían datos de que la normativa sería rechazada “por goleada”, con el respaldo de los senadores azules.
Entretanto, el senador Miguel Ángel López Perito habló sobre la postura del presidente de la Cámara Alta, Mario Abdo Benítez, de no firmar el acta de sanción de la ley, atendiendo a las dudas sobre la votación. Explicó que existe un vacío legal en esta situación, pues la sanción de una normativa debe llevar indefectiblemente la firma del titular del Congreso.
El ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, había aplaudido la concesión a la empresa Tape Porã, que debe ampliar la Ruta VII a costo cero para el Estado. Había confirmado además que su padre está vinculado con la empresa ahora beneficiada con la sanción de concesión en una polémica votación.
De acuerdo a datos obtenidos en el Congreso, corrió supuestamente la suma de dos millones de dólares para la concesión de la ruta VII. De esa suma, 700.000 dólares se debían repartirse en la Cámara de Diputados, donde se aprobó primeramente el proyecto, y los 1.300.000 dólares restantes corresponden a la Cámara de Senadores.