"El Estado había estado comprando mal y gastando peor", afirmó el ministro, que detalló que la deuda general actual del ministerio asciende a US$ 250 millones y, dentro de eso, lo que corresponde a medicamentos es de US$ 170 millones.
"Tenemos aproximadamente 10 toneladas de medicamentos e insumos vencidos en nuestros sistema de salud actualmente, eso corresponde a casi un millón de ítems", comentó.
"Encontramos planificaciones ficticias, porque se basan en datos no certeros; también encontramos decisiones difíciles de explicar, priorizaciones que no hacen a las necesidades más críticas de salud", refirió sobre la compra indiscriminada de medicamentos no requeridos.
Además, presentaron denuncia formal ante la Fiscalía por el uso de órdenes de compra falsificadas, aunque no dio detalles de los responsables. "Debemos ver si fue más de un proceso ilícito, eso está en manos de la Fiscalía. Sabemos que las fechas son antes de nuestra administración", expresó.
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Asimismo, expresó que "tenemos denuncias probadas de uso de reactivos del sector público en el sector privado", mencionó, citando casos de funcionarios ya sumariados que afirmaban que los hospitales no contaban con reactivos y ordenaban hacerse estudios en laboratorios privados; sin embargo, los análisis se hacían con recursos de Salud Pública.
Anunció además una "reingeniería" de recursos para tratar de cubrir las necesidades de medicamentos hasta fin de año. No obstante, advirtió que ciertos ítems se verán resentidos. La reestructuración "nos va a permitir a hacer frente a las necesidades de medicamentos críticos, creemos que puede haber un enlentecimiento en la provisión de medicamentos no críticos", dijo.
Sobre la duda también comentó que "lo que complica mucho es que hay US$ 500 millones en contratos sin respaldo presupuestario que fueron generados en un periodo entre 2015 y 2018".