La imputación fue presentada por la agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Victoria Acuña. 

Los cargos contra el exministro hacen referencia a la supuesta comisión del hecho punible contra el patrimonio y contra la seguridad y convivencia de las personas.

El caso se inició tras la presentación de una denuncia por parte del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Giménez Gaona, quien señaló irregularidades en una contratación directa para una consultoría internacional con una empresa italiana. Según el escrito, se estima un perjuicio de US$ 500.000 para la institución y otros US$ 100.000 para la Entidad Binacional Yacyretá.

“Surge una sospecha razonable de que el imputado, en su carácter de ministro, suscribió el convenio sin tener la autorización para actuar en representación del país con la empresa ANAS. Hay suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia de hechos punibles contra el patrimonio y la seguridad de la convivencia de las personas, del cual resultara víctima el MOPC y la Entidad Binacional Yacyretá”, señala una parte de la imputación presentada por la fiscala Acuña.

Los antecedentes refieren que en fecha 24 de setiembre de 2012, en la ciudad de Roma, Italia, Buzarquis y Pietro Ciucci, presidente de la empresa ANAS S.P.A. (Anas International Enterprise S.P.A.) celebraron un “convenio marco de cooperación entre las dos entidades”, específicamente en el área vial y de infraestructura del país. El objetivo del convenio era implementar mejoras en los departamentos del Chaco y Ñeembucú, lo cual generó una deuda para el MOPC y la Entidad Binacional Yacyretá.

En lo que respecta al Chaco, se estableció en el convenio marco “estudios de suelo de la región Occidental para construcción de carreteras y estudios para la construcción de carreteras alternativas”. Con respecto al departamento de Ñeembucú, se pactó un plan de desarrollo departamental y gestión de catástrofes naturales.