Las pruebas que arrimaron los dos funcionarios así como sus declaraciones demuestran que cumplieron con su trabajo de informar a sus superiores sobre el problema del derrame de 3.000 litros de combustible en marzo de 2018 y ahora la Fiscalía debe corroborar si los altos mandos hicieron su trabajo para mitigar el daño, refirió Jalil Rachid, fiscal de Delitos Ambientales.
La empresa del Estado cuenta con un plan de mitigación en caso de daños ambientales. Justamente porque no se activó es que hace casi dos meses la actual administración denunció el caso ante la Fiscalía.
“Es demasiado lento el proceso. Tenemos que ir deslindando responsabilidades, por eso le llamamos primero al encargado operativo de playa para declarar y pedí el libro de novedades del surtidor que tiene 300 fojas en el que encontramos que se hizo constar el derrame de combustible”, expresó.
Adelantó que en dos semanas más ya estará en condiciones de realizar las imputaciones.
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Antecedentes
El caso se inició la primera semana de enero cuando la titular de Petropar Patricia Samudio denunció la contaminación ambiental por culpa del derrame de miles de litros de combustible a raíz de defectos en la construcción de la estación de servicio inaugurada en octubre de 2017.
Samudio contrató de forma directa, por la vía de la excepción, el retiro de la tierra contaminada y la reconstrucción del surtidor que había costado a la estatal unos G. 4.600 millones.
La beneficiada fue Disab Sudamericana SA, de Daniel Sosa y Lucila Martínez, con un contrato de G. 5.600 millones, mucho más que el costo inicial. En menos de un mes ya estaría operando el surtidor nuevamente, según Samudio.
Roberto Zarza, el representante legal de Z&Zarza Construcciones, responsable de la construcción de la estación de servicio había negado las acusaciones. Aseguró que su representada cumplió con las exigencias del pliego. Prueba de ello fue la recepción definitiva de la obra.