Dicen que se usaron rifles francotiradores

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Miguel Ángel López Perito, jefe de gabinete del Gobierno de Fernando Lugo, testificó en el juicio por la Masacre de Curuguaty, donde contó que evidencias a las que accedió demuestran que se usaron rifles de precisión para matar a policías y campesinos.

Durante su intervención, López Perito sostuvo que tras lo sucedido fue hasta Curuguaty, en compañía de la por entonces ministra de Salud, Esperanza Martínez, para interiorizarse de la situación. Uno de los primeros datos a los que accedió fue en la comandancia militar de la zona, cuyo comandante - no recordó el nombre - le refirió que durante la refriega se produjeron disparos de entre los 150 y 200 metros de distancia del sitio del enfrentamiento, según informes de Perla Silguero, periodista de ABC Color.

Posteriormente convocaron al comisario de la localidad, Arnaldo Sanabria, a quien le pidió un relato pormenorizado de lo que presenció. Éste le contó que había participado del procedimiento, junto con dos subordinados, y mientras dialogaban con un grupo de campesinos dentro de Campos Morombí, lejos del sitio del procedimiento principal, y luego escucharon a lo lejos una serie de disparos y casi inmediatamente los atacaron a tiros, el comisario Sanabria recibió un disparo en el pecho lado izquierdo, pero fue salvado por su chaleco antibalas, sin embargo los uniformados que lo acompañaban no tuvieron la misma suerte, pues uno recibió un balazo en la cabeza y otro en el cuello.

“El comisario estaba muy afectado por el disparo, que le tiró varios metros, y le pregunté si tenía todavía el chaleco, me dijo que sí, y me lo trajo, comencé a revisar y encontré en un forro un proyectil que al tacto era de arma de guerra, posiblemente calibre 5,56”, expuso López Perito.

Otro de los hechos llamativos de los que tuvo conocimiento, fue que la Fiscalía no aisló el sitio del enfrentamiento, lo que permitió que en por lo menos dos ocasiones ingresen desconocidos a sacar objetos de la escena, conforme a los datos que recibió.

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Sostuvo que tras mantener una reunión con dirigentes campesinos de la zona y familiares de víctimas, le acercaron una bolsa con “una enorme cantidad” de casquillos percutidos, la mayoría de ellos de calibre 5.56. “Estuvimos inspeccionando los casquillos y una de las cosas que me llamó la atención, que consulte posteriormente a que se podía deber, eran unos raspones que tenían, una línea en la cápsula de la bala. Me dijeron que cuando se trata de armas automáticas quedan dos raspones a ambos lados de la cápsula del extractor y cuando se trata de rifles para francotiradores, arma tiro por tiro, deja solo un raspón en la cápsula”, refirió.

También pudo oír por parte de dirigentes y familiares aquellas versiones que indicaban que los campesinos fueron disparados desde un helicóptero, lo que fue muy discutido en aquel entonces por los medios de prensa.

“Quisimos hablar con la gente que estaba presa en la comisaría, pero cuando llegamos nos enteramos que ya habían sido trasladados rápidamente a Coronel Oviedo, por orden de la Fiscalía, lo cual interpreté yo que era una clara maniobra de la Fiscalía para que no tengamos contacto directo y no tengamos acceso a información de primera mano que podrían darnos”, declaró y agregó que tampoco pudieron acceder posteriormente a la Morgue para conocer datos sobre el estado de los cuerpos y el tipo de heridas que recibieron, para contrastar con las denuncias.

“Lo llamativo - y posteriormente se publicó información periodística al respecto - es que los disparos que habían recibido las personas fallecidas, en la mayoría de los casos era atribuibles a armas de guerra, disparos en la cabeza, cuello o abdomen por debajo de los chalecos, en caso de policías, lo cual para mí es también un elemento para sospechar que quienes dispararon sabían adónde tenían que disparar”, concluyó el exasesor presidencial.

El juicio oral y público por homicidio doloso en grado de tentativa, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal se lleva adelante contra Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, mientras que Alcides Ramírez y Juan Tillería están acusados por invasión de inmueble y asociación criminal.