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07 de Febrero de 2019 16:14

 

Secuestro, “delito común”

Cristina Arrom, hermana de Juan, acusó a dos figuras nacionales: Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, y Hugo Velázquez, vicepresidente de la República. Además se contradijo un par de veces y sostuvo que el secuestro es “un delito común”.

Esta tarde también contó su versión en San José, Costa Rica, Cristina Arrom, la hermana de Juan Arrom –quien demandó al Estado paraguayo por supuesta tortura frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además se encuentra prófugo de nuestra justicia–.

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En su comparecencia ante esta instancia internacional, Cristina relató nuevamente su versión de cómo hallaron a su hermano junto a Anuncio Martí, tras el supuesto secuestro que sufrieron. Entre otras cosas, acusó a Hugo Velázquez, entonces fiscal y actual vicepresidente de la República, de ser un mentiroso.

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“Nos dijo que tenían una filmación en la que ellos estaban cometiendo un delito, cuando le pedimos para ver la filmación nos dijeron que no, porque era muy contundente”, señaló entre lágrimas.

Además sostuvo que la actual máxima autoridad del Ministerio Público, Sandra Quiñónez estuvo en la casa, donde supuestamente Arrom y Martí fueron hallados privados de su libertad, con una bolsa negra en mano juntando toda la evidencia.

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"Vino la fiscal Sandra Quiñónez, recogió en una bolsa negra todo lo que encontraba: había botellas, restos de comidas, había walkies, las insignias de Policía; llevaron todo lo que había en una bolsa y le entregaron a la dirección de delitos donde estaban estos policías, Shémbori y compañía", expresó.

Al ser consultada sobre el porqué presentaron el 19 de enero un hábeas corpus, retrucó: “él (Arrom) no respondía las llamadas de teléfono el día viernes, el día sábado, ya habíamos averiguado con la suegra. Entonces no quisimos perder tiempo”, dijo.

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Luego, el procurador Sergio Coscia le recuerda que en la denuncia, su hermana y ella, señalaron que Juan Arrom estaba desaparecido dos días antes de dicha acción y le pregunta la causa de que se hayan demorado ese tiempo en dar a conocer el hecho.

“Como le respondí a una periodista, que me pregunta, ¿por qué 48 horas después recién se dieron cuenta de que estaban desaparecidos? Porque 48 horas después recién escuchamos que se los acusaba, porque nos habían dicho ya que él estaba en manos del Ministro en una estancia en Ybycu’i. No tengo idea de lo que usted está hablando porque en ese momento no teníamos ni una idea de una orden de captura”, replicó.

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Dijo también que no denunciaron el supuesto hostigamiento hacia su persona porque alegó que ni la Fiscalía ni la Policía eran confiables. Asegura que le seguían vehículos sin chapas que presume pertenecían a las fuerzas de seguridad. “Nosotros sabíamos que eran policías de civil”, alegó.

Tras el relato de los hechos, según su versión, los magistrados de la Corte también le hicieron algunas consultas que contradijeron a sus planteos iniciales:

–Al referirse al comisario Cuquejo (...), ¿qué es lo que quiso decir cuando decía “ya le conocíamos y con razón le conocíamos a ese comisario”?

–No, nosotros no conocíamos al comisario González Cuquejo; no le conocíamos. Nosotros sabíamos cómo se manejaba la Policía. Teníamos conocimiento de la época de la dictadura de Alfredo Stroessner.

–Usted nos dijo, señora, que usted se enteró por uno de los medios de comunicación de que su hermano estaba siendo acusado por un delito común. ¿Qué delito común era ese?

–Un delito común de secuestro.

–¿Quién era la persona secuestrada?

–Una señora de apellido Bordón.

–¿Su hermano o su familia conocían a esta señora?

–Ocasionalmente, en reuniones familiares.

–¿Ella era parte del núcleo familiar de ustedes?

–No del núcleo familiar, pero sí en reuniones familiares pudimos compartir.

–En esta época en que ocurrió el secuestro de la señora Bordón, ¿había más noticias de secuestros?

–No recuerdo.

Entretanto, cabe resaltar que el secuestro es considerado un crimen de lesa humanidad no un delito común. Además el secuestro de María Edith Bordón viuda de Debernardi fue el primero de la era democrática y de la seguidilla de hechos similares que realizó más tarde el grupo criminal EPP, iniciado por Alcides Oviedo, un conocido de Juan Arrom.

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Durante esa época, su caso impactó duramente en la sociedad y era noticia en todos los medios de comunicación de manera frecuente.

 

 
 

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