El pleno del senado dio visto bueno a la interpelación de Cárdenas, por el supuesto negociado con la construcción de sistemas de agua potable en colonias campesinas. La propuesta fue hecha por el senador del Frente Guasu, Sixto Pereira.

Actualmente, Fiscalía investiga aparentes delitos de estafa y lesión de confianza en la construcción de sistemas de agua potable del Indert. Es la segunda causa abierta en torno al “negocio” de los pozos, en que fueron contratadas numerosas firmas de políticos colorados, que hicieron obras sin la calidad requerida y a precios elevados.

La presunción de la fiscalía es que existe una sobrefacturación en las obras, teniendo en cuenta la aparente mala calidad observada (gremios del sector privado se pronunciaron respecto a este tema) y los altos precios finales que tuvo que pagar el ente rural. Esto fue denunciado por la prensa y también lo hizo el abogado Hugo Lovera a través de una nota presentada a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Pero las obras deficientes no solo se relacionan con los materiales utilizados, sino también a las “constructoras” que se encargaron de las obras. Las contrataciones del Indert se realizaron a través de dudosas ONGs, que a su vez subcontrataron a firmas sin experiencia en el sector de la construcción para que estas perforaran los pozos. Se pudo verificar que la mayoría de las empresas pertenecen a políticos, funcionarios públicos y otros amigos del Gobierno actual.