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29 de Agosto de 2018 19:59

 

Por la transparencia o el secretismo

El Senado tratará este jueves el proyecto de ley que obliga a hacer públicas las Declaraciones Juradas de Bienes de funcionarios públicos. Sondeos previos indican se rechazaría la propuesta. Legisladores deben elegir entre transparencia real u opacidad.

Mientras la ciudadanía reclama en las calles transparencia y tolerancia cero con la corrupción, el Senado se apresta a dar un fuerte golpe al Derecho de Acceso a la Información Pública. De acuerdo a varias fuentes consultadas por ABC Color, la Cámara Alta rechazaría este jueves el proyecto de ley presentado por el senador Paraguayo Cubas que obliga a hacer públicas las Declaraciones Juradas de Bienes y Renta de los más altos funcionarios estatales.

El proyecto presentado por Cubas modificará la Ley 5033/13, que regula las declaraciones juradas, una obligación con la que deben cumplir todos los funcionarios públicos y establecida por la mismísima Constitución Nacional.

La primera modificación planteada por el legislador es que la presentación debe ser anual. Actualmente, los funcionarios deben presentar sus declaraciones juradas en un plazo de hasta 15 días después de haber asumido un cargo y 15 días después de haberlo abandonado.

La segunda modificación y quizás la más importante es la que obliga a la publicidad automática de las declaraciones juradas. Esto es reconocer de una buena vez que esta es Información Pública y que por lo tanto debe estar disponible para la ciudadanía.

Fuentes del Senado consultadas por ABC Color refieren que una mayoría de los legisladores se opone a hacer públicas las Declaraciones Juradas. Esta es una postura en la que se mantienen legisladores de casi todas las bancadas, incluso quienes ingresaron por primera vez y prometían transparencia y lucha frontal contra la corrupción.

La Cámara Alta daría hacía un terrible golpe a un Derecho Humano como es el Derecho de Acceso a la Información Pública, justo mientras la ciudadanía se manifiesta en las calles y tras 22 días de indignación consiguió que uno de sus colegas, el colorado cartista Óscar González Daher presente su renuncia al cargo.

Solo tres publicaron

De los 45 senadores titulares, apenas tres decidieron hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes: los legisladores del Partido Demócrata Progresista (PDP), Desirée Masi y Pedro Santa Cruz; y Paraguayo Cubas, del Movimiento Cruzada Nacional.

Entre los 42 restantes, algunos hasta hicieron promesas en redes sociales de que harían la propio, pero luego se llamaron a silencio. Es el caso de Fidel Zavala, de Patria Querida; y de Tony Apuril, de Hagamos.

Contraloría se niega

El proyecto presentado por Cubas llega justo en el momento en el que la Contraloría General de la República se niega férreamente a entregar las Declaraciones Juradas, a pesar de que un juez de primera instancia y un Tribunal de Apelaciones dictaminaron que se trata de información pública.

Mientras decía estar a favor de la transparencia, el contralor Enrique García presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar la información pública.

El ente presentó la acción luego de que el juez Rubén Riquelme y el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción fallaran a favor del periodista Juan Carlos Lezcano, quien había accionado judicialmente ante las reiteradas negativas de la CGR a entregar la información que es pública.

“No está en la ley”

Uno de los pobres argumentos utilizados por los abogados de la Contraloría para insistir en la no entrega de las declaraciones juradas es que estas son calificadas como información pública en la ley de acceso a la información. Textualmente se aferran al artículo 8 de la ley 5.282/14, pero parecen tener problemas de comprensión lectora, pues el título de ese apartado es “información mínima” y enumera toda la información que debe publicar de forma automática cualquier institución pública.

Además, insisten diciendo que las declaraciones juradas son “patrimonio documental privado de las personas”.

Las declaraciones juradas son información de índole patrimonial que constan en una fuente pública de información; esto es información pública. Con la modificación planteada por Cubas este argumento dejaría de existir.

Quieren juicios largos

Lo más grave de la acción planteada por los abogados de la CGR es que pretenden derogar la Acordada 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia, que establece juicios por la vía del amparo para violaciones del derecho al acceso a la información.

Textualmente, los abogados del ente contralor pretenden que quienes deban acudir a la justicia por negativas a sus pedidos de acceso a la información deban recurrir a juicios ordinarios, con plazos rigurosos, perentorios e improrrogables.

Básicamente, la Contraloría, al mando del imputado José Enrique García, pretende destrozar los avances que se han dado en el país para que el acceso a la información pública sea relativamente rápido, eficaz y gratuito.

Nunca en la historia del Paraguay se ha dado que la Corte Suprema de Justicia tache de inconstitucional una acordada de ella misma.

En caso de que la Sala Constitucional decida estudiar la acción planteada por la CGR, los ministros deberán separarse, pues ellos se encuentran incluidos en la solicitud original que derivó en la acción judicial.

La máxima instancia deberá ser conformada entonces por jueces de los Tribunales de Apelación.

Lo que no quieren mostrar

El Tribunal de Apelación Primera Sala ratificó el pasado 7 de junio la histórica sentencia que había dado en primera instancia el juez Rubén Riquelme. El magistrado había hecho lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano Flecha luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado para conocer las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017.

 
 

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