El proyecto fue presentado por el senador Eduardo Petta, quien en su propuesta argumenta que las atribuciones que actualmente están a cargo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) corresponden a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Con esta decisión los trámites relacionados a la licencia de conducir y antecedentes de tránsito ya no está en manos de la Opaci, tras la queja de la ciudadanía e intendentes por el cobro de G. 20.000 por cada licencia de conducir expedida o renovada.
Cada contribuyente de los 249 municipios pagan a la Opaci G. 20.000 (supuestamente baja a G. 10.000) por expedición, renovación, revalidación de registro de conducir, con lo cual esa ONG recoge anualmente unos G. 17.000 millones, sin sustento legal. Además, no presta ningún servicio a los municipalidades.
La Opaci está manejada por el clan colorado Núñez de Villa Hayes, integrado por Ricardo, Basilio y Óscar, actual diputado cartista. La Opaci retiene también ilegalmente la recaudación en concepto de impuesto a la transferencia de bienes raíces y operaciones de créditos.
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