Senatur: y el gasto ¿por qué?

La Senatur prevé pagar hasta G. 150 millones en una auditoría que abarca el periodo cartista desde 2017 hasta setiembre de 2018. La práctica reaviva el debate sobre la necesidad del gasto ante la existencia de Contraloría y Auditoría del Poder Ejecutivo.

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El llamado con código 353.983 dentro del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas informa sobre la convocatoria de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) para la auditoría de gestión del ejercicio fiscal 2017 y parte del 2018, hasta setiembre. Es decir, el último tramo de la administración cartista de Marcela Bacigalupo.

El monto destinado a esta adjudicación es de G. 150.000.000 y lo que se pide es una auditoría contable, financiera, presupuestaria y de gestión. La actual titular de Senatur es Sofía Montiel de Afara, esposa de Rubén Afara, sobrino del senador colorado abdista Juan Afara, quien fue vicepresidente de Horacio Cartes.

Llama la atención el gasto que hará esta entidad del Estado teniendo en cuenta que las auditorías de organismos del Gobierno las hacen los departamentos de auditoría interna de las instituciones y la Contraloría General de la República. Además, existe la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que tiene el poder de hacer este tipo de controles financieros.

Consultado el titular de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, respondió que generalmente este tipo de llamados son hechos por diferentes organismos del Estado siempre y cuando el Estado no pueda cumplir con los requerimientos específicos de la institución que pide la auditoría.

El llamado, sin embargo, presenta requerimientos de una auditoría muy sencilla que el Estado puede cumplir: una contable, financiera, presupuestaria y de gestión.

La convocatoria en Senatur fue hecha el pasado noviembre y una persona identificada como Tomás Vicente Clemotte Hermosa impugnó el proceso por supuestamente haber sido excluído de la lista de nueve firmas invitadas, al no tener, presuntamente, su empresa contable la experiencia necesaria para concursar. La jueza instructora fue María Eugenia Otazo Aponte, quien rechazó el pedido. El llamado sigue impugnado, pero la licitación continúa y está en fase de evaluación.

Justo Valdez, director de la Unidad Operativa de Contrataciones de Senatur, respondió que “Contrataciones autorizó que siga la licitación” y que son tres las empresas que pugnan para hacer esta auditoría: PCG Consultores, PKF Controller y Cyca Consultores.

Valdez fue consultado sobre los alcances de la auditoría y se limitó a decir que “todo está en la página web”. La ministra de Senatur, Sofía Montiel, no accedió a responder las consultas sobre esta licitación a pesar de los reiterados mensajes y llamadas hechas a su teléfono. Solo se limitó a enviar el contacto de su director de UOC.

La pregunta que ninguna autoridad pudo responder fue: ¿por qué gastar dinero público en una auditoría que bien podría hacerla otro entidad estatal?

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