Esta mañana la comitiva fiscal ingresó al depósito del Polideportivo local, donde fueron requisados 13 colchones y seis frazadas, cuyo origen será investigado. Ya en la víspera, con la orden de allanamiento del juez Penal de General Díaz, Shiler Coronel y el acompañamiento del juez de Paz de Humaitá, Hugo Ramón Monges, la comitiva fiscal había allanado también propiedades de la familia del intendente y la comuna local.
En el local de la municipalidad, luego de una detallada verificación de las distintas dependencias, los intervinientes retiraron originales y copias de planillas utilizadas para la distribución de chapas, frazadas y víveres enviados por la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), tras el temporal que azotó el distrito el año pasado.
En el domicilio del jefe comunal se constato el almacenamiento de 151 unidades de chapas, que fueron requisadas. En la ocasión, los intervinientes fueron recibidos por Juan Bordoli (hermano del ejecutivo municipal), quien manifestó que las chapas fueron recientemente adquiridas de un comercio de Pilar y serán presentados los documentos que acreditan la compra.
Según la fiscal Ana Luz Franco, el intendente de Humaitá se encuentra imputado en dos casos. El anterior, por apropiación de la ambulancia perteneciente al centro asistencial de esta ciudad. Y el que motivó estas intervenciones, está caratulado como "apropiación y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso".
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Refirió que se sospecha que las planillas de distribución de los elementos enviados por la SEN tras el temporal del 2017, hayan sido llenadas con firmas o datos falsos y que el jefe comunal se habría apropiado de chapas, víveres o algún elemento enviado por la SEN para los damnificados de Humaitá.