“Ellos (el Gobierno) se ratifican en ese 7,7% y nosotros ratificamos en la devolución total de lo aprobado en el Congreso. Esa es la postura y nosotros no vamos a ceder”, indicó Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay, tras la reunión de los diferentes gremios docentes con el ministro de Educación, Enrique Riera.
Los mismos exigen que el MEC otorgue un aumento general del 15%, monto aprobado en el Congreso y que quedó sin efecto tras el veto al Presupuesto. Sin ese monto no iniciarán las clases, ratificaron. “Nosotros no somos responsables de esta situación; en todo caso, el ministro Santiago Peña y Horacio Cartes son los responsables”, apuntó Piris como culpables si no se inician las clases el 23 de febrero.
“Se requiere G. 234.000 millones, que no es mucho para el Estado, y lo que reclamamos es que el Gobierno quiere construir palacetes para los ministros por US$ 400 millones y para educación no hay nada”, reprochó.
Incluso, indicaron que ofrecieron aceptar el aumento de 7,7% en marzo y que a mitad de año se complete el 7,3% faltante, pero esto tampoco prosperó. También exigieron que la próxima vez que los convoquen a un diálogo les presenten propuestas nuevas para no discutir en base a una alternativa ya rechazada.
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Por parte del MEC, el ministro Riera, tras la reunión, se trasladó hasta Mburuvicha Róga para dialogar con el mandatario Horacio Cartes sobre la alternativa de una nueva propuesta. Sin embargo, tampoco dejan de lado las amenazas de sanciones contra los docentes que no inicien las clases en la fecha establecida.
La Ley 1.626, de la Función Pública, en el “artículo 130 dice que la educación es un servicio indispensable y el 131 que se debe exigir a los gremios la instalación de personas necesarias para cumplir ese servicio”, reiteró Humberto Ayala, director de Gremios del MEC. Sin embargo, dicen esperar no llegar a esas instancias, ya que esperan concretar un acuerdo.
Esta ley, además, establece como faltas graves el incumplir estos artículos y entre las sanciones figura, por ejemplo, desde la suspensión sin goce de sueldo hasta la inhabilitación para ejercer la función pública por tiempo indeterminado.
Piris también afirmó que rechazan la propuesta de restablecer beneficios a dirigentes sindicales a cambio de flexibilizar su postura. Por último, ambos sectores indicaron que seguirán reuniéndose antes de la fecha límite, intentando eliminar las diferencias por el momento irreconciliables.