La auditoría externa que se realizará en la Cámara de Diputados, y que costará G. 280 millones al Presupuesto General de la Nación tiene como fin detectar la existencia de planillerismo y malos manejos de los recursos destinados al pago de salarios.
La iniciativa de la Cámara Baja es vista con mucho recelo, pues ya en Senadores se había hecho un intento anterior, en el cual se gastaron G. 500 millones, y la “auditoría” arrojó que existían 50 planilleros, pero el supuesto sumario que se les iba a realizar quedó en el “opareí”.
En comunicación con ABC Cardinal, el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Jorge Ávalos Mariño confesó que no se siente muy optimista con respecto a los resultados concretos que pudiera arrojar la auditoría, pero que entre que se haga y no, prefiere respaldar la acción.
“Entre no hacer nada o hacer algo, nosotros acompañamos. Hay disponibilidad de recursos”, dijo el diputado, quien contó que en su caso particular tiene seis funcionarios a su cargo en la Cámara Baja.
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Actualmente, existen en planilla de Diputados 1.980 funcionarios. Haciendo un cálculo estimativo, podría decirse que en promedio hay 24 funcionarios por cada parlamentario, aunque no todos tienen esa cifra. A la pregunta de por qué existen tantos funcionarios, nadie tiene la respuesta.
Recordemos que la Cámara de Diputados resolvió ordenar una auditoría externa a las Direcciones de Recursos Humanos y de Administración y Finanzas, a fin de detectar planilleros e irregularidades en la institución legislativa.
Se manejan dos alternativas: una de estas es la contratación vía licitación pública de una empresa auditora que tendrá un costo de G. 280 millones y será financiada con dinero público. La segunda es firmar un convenio con la Universidad Nacional.
La definición del mecanismo a ser implementado queda en manos de la Comisión de Presupuesto, presidida por Arnaldo Samaniego (ANR). El monto a ser utilizado ya fue aprobado por el pleno el año pasado, pero Hacienda no lo transfirió por falta de tiempo, según alegaron.
Los diputados de la multibancada afirmaron que apelan a una auditoría externa porque no existe confianza en el contralor general de la República, Enrique García, sospechoso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.