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Miles de personas formaron largas filas la semana pasada para pedir el carnet de objetores de conciencia a las diferentes sedes de la Defensoría del Pueblo dentro del país. Esto se debió a una enorme desinformación en torno al cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio (SMO).
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Mientras los militares informaban sobre la necesidad de pagar las tasas militares para obtener la baja, la Defensoría hablaba sobre la multa de G. 400.000 o el cumplimiento de un servicio comunitario. La ciudadanía tenía miedo de los “arreos” masivos de los militares.
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Miguel Godoy, defensor del Pueblo, informó que hubo aproximadamente 3.000 personas que pidieron el carnet de objetores de conciencia. La autoridad refirió que habrá un plazo de seis meses para determinar cada caso y, eventualmente, asignar las tareas de servicio comunitario para cada uno. El que no pueda hacerlo, deberá pagar la multa. Eso sí, siempre y cuando quiera el carnet de objetor.
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Las Fuerzas Armadas insistieron en que no habrá “arreos” ni castigos por no cumplir el SMO. Tampoco se exigirá la libreta de baja. La senadora Desirée Masi dijo ayer que la Ley 569/75, del servicio militar, está vigente y tiene artículos que son inconstitucionales. Sin embargo, recordó que las autoridades pueden aplicar las mismas en cualquier momento, por lo que instó a derogarla y preparar otra adecuada a la Constitución de 1992.
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Precisamente, hubo un “fuego cruzado” entre Masi y Godoy por este caso. La senadora acusó al defensor de generar un “terrorismo de Estado” al supuestamente generar una campaña de desinformación en torno al SMO y pidió un juicio político para removerlo. El defensor, por su parte, insinuó que la legisladora usó rubros del Estado para pagar a su empleada doméstica.