El Peicc solicita que los campesinos desalojados del asentamiento de Guahory, en el departamento de Caaguazú, puedan quedarse en las tierras de las que fueron expulsados mientras se resuelve el conflicto jurídico por la propiedad de las fincas, según el documento presentado.
El escrito, firmado por la Peicc y por el abogado español Aitor Martínez en representación de las víctimas del desalojo, argumenta que el Estado no ha tomado ninguna medida de protección de los derechos de los campesinos desalojados.
Asegura además que estos se encuentran en “grave vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social irreparable”, como consecuencia de su expulsión de las tierras.
Detalla que los campesinos se encuentran actualmente “viviendo en rudimentarios toldos con asentamientos improvisados a orillas del camino vecinal que lleva a la comunidad de la que fueron desalojados”, en una situación muy precaria y desprovistos de sus medios de vida, ya que no pueden acceder a tierras para cultivar.
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La Peicc pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que inste a Paraguay a permitir a los campesinos regresar a sus tierras mientras se resuelve la situación jurídica de las fincas, cuya titularidad se disputan los labriegos y varios colonos extranjeros.
Las familias campesinas de la colonia Guahory fueron desalojadas en septiembre por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad de los pobladores, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
Codehupy aseguró que los campesinos fueron presuntamente sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los agentes policiales, que supuestamente percibieron un soborno de los colonos de la zona para ejecutar el desalojo.
El presidente del Congreso paraguayo, Robert Acevedo, denunció junto a cinco senadores opositores el presunto “uso desproporcionado de la fuerza” y la comisión de otros delitos en el desalojo de Guahory, y pidió al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que abra una investigación sobre el caso.