A los dos ex concejales liberales que piden se les abonen dietas y otros beneficios del periodo anterior, se sumaron ex funcionarios comunales que ganaron un juicio y a los que se les debe más de G.3.800 millones. Además, un profesor de inglés pide acceso a la información pública y una ex policía municipal pide que le expliquen por qué le echaron.
El lunes por la mañana se encadenaron Atilio Alegre y Nelson Maidana, concejales del periodo 2010-2015. Al primero le deben las dietas de febrero a diciembre del año pasado y al segundo, las dietas de enero a diciembre del 2015. Ellos también reclaman los cupos de combustible por tres años y afirman que en total, la deuda asciende a unos G. 250 millones por cada uno. En la Municipalidad alegan que los pagos no se realizaron porque los interesados no presentaron documentos justificativos de algunas ausencias que tuvieron, pero los ex concejales dicen que esto no es cierto.
A los políticos liberales se sumaron hoy, Selva Silvero y Aníbal Antonio Balmori, quienes se encadenaron en representación de 23 ex funcionarios de la Municipalidad, despedidos en el 2001, cuando asumiera el cargo de intendente Javier Zacarías Irún, marido de la actual jefa comunal, Sandra Mc Leod de Zacarías.
Desde el 2006, ellos claman que la Comuna cumpla una sentencia judicial que la condena a abonar un total de G.2.760 millones, suma que atendiendo los intereses, ya debió ascender a unos G.4.000 millones, señalan. Para el pago, el dinero debe ser incluido en el presupuesto general de gastos, pero no ocurrió hasta ahora.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
También está encadenado Hugo Aliende, ex profesor de inglés de la escuela de Artes y Oficios de la Municipalidad. El hombre reclama su derecho de acceder a la información pública. Cuenta que pidió la lista de los profesores que enseñan inglés en las instituciones municipales, junto con sus currículum, pero no recibió respuesta.
Su pedido se dio después que fuera despedido de la Comuna el 30 de junio del año pasado, supuestamente por negarse días antes a ir a “hacer hurras” a la intendenta Sandra Mc Leod de Zacarías, durante una concentración política desarrollada en la seccional 7 del barrio Obrero.
Igualmente se encadenó Elba Santacruz, ex policía municipal, demitida en noviembre del año pasado, luego de cuatro años de trabajo. La mujer contó que el despido ocurrió luego que ella denunciara ante periodistas, que en la Policía de Tránsito había que pagar dinero en negro para trabajar y que los sábados, el director de la división, Carlos Florenciáñez, exigía que cada agente ponga G. 50.000 para pagar a periodistas.
Elba Santacruz afirmó: “me dijeron que saqué información de la base municipal. Y yo quiero que me expliquen por qué me despidieron, por eso me estoy encadenando. Solamente quiero que me expliquen por qué me despidieron”.
El “no pago de dietas a concejales del periodo 2010-2015”; “deudas siderales a proveedores diversos de la Municipalidad” y la “falta de libre acceso ciudadano a la información pública y la no transparencia gubernamental”, son precisamente tres de los 25 puntos por los cuales la Junta Municipal pidió a la Cámara de Diputados que se intervenga la administración de la intendenta Sandra Mc Leod de Zacarías.
Los argumentos están siendo estudiados ahora por una comisión especial conformada a tal efecto en la Cámara Baja.