Godoy anunció la intervención de la Defensoría del Pueblo en el caso denunciado por la teniente Carmen Quintero, sumariada por solicitar el traslado de unidad para amamantar a su pequeño evitando las largas horas de guardia y la distancia con su bebé. El funcionario detalló a ABC Color que se está ajustando lo referente a la cuestión administrativa, es decir, exponiendo los argumentos legales a favor de la lactancia materna.
Godoy recordó que en noviembre del pasado año la Organización de las Naciones Unidas por medio de un protocolo, se mostró a favor de la protección del amamantamiento de tal forma a garantizar la primera alimentación, la más importante para el recién nacido. A esto se suma la vigencia de la ley 5508/15, de lactancia materna a nivel local.
“Nosotros sostenemos en nuestra recomendación, que no puede generarse ningún tipo de sumario sobre el ejercicio de un derecho y si existe es evidentemente nulo de toda nulidad, por eso solicitamos el sobreseimiento libre y que no se desconozca la ley que establece la promoción de la lactancia”, remarcó el defensor.
Para Godoy la postura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de catalogar a la lactancia como un derecho humano de primera generación, obliga a los países miembros a promover políticas en su defensa y “evitar las circunstancias que posibiliten, el desconocimiento o la transgresión de este derecho”, agregó.
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“Abrir un sumario administrativo en estas condiciones, primero significa desconocer una ley y generar un acto absolutamente nulo, y lo más grave es que transgrede un pacto internacional de la ONU y hasta podría exponer al Estado a sanciones. Las autoridades castrenses deberían recapacitar lo antes posible”, insistió.
En otro momento el defensor del Pueblo, espera que la situación llegue a una solución pacífica para ello se tiene previsto una reunión con autoridades militares en el transcurso de la presente semana para conocer a profundidad las circunstancias del sumario. Mencionó además que en caso de no prosperar un acuerdo entre las partes por la vía administrativa, se podría apelar a un recurso de amparo en la justicia ordinaria.